Una nueva ley para un nuevo modelo de justicia social.

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13124578_1165254070161187_6898146698079503165_nCarmen Rodríguez Martínez
Dpto. Didáctica y Organización Escolar
Fac. Ciencias de la Educación
Campus de Teatinos
Universidad de Málaga

El pacto educativo requiere una nueva ley para un nuevo modelo educativo de justicia social, para lo que debe contar con la participación de la comunidad escolar y de las organizaciones y movimientos sociales, si queremos una ley que tenga estabilidad en el tiempo.

Actualmente se debate en una subcomisión de educación sobre la que hay muchas dudas de que los actores sociales puedan tener una influencia real, o que se pueda pactar cuando las perspectivas ideológicas enfrentan a quienes defienden la igualdad frente a quienes prefieren una determinada excelencia, la libertad frente al dogma o la laicidad frente a la religión. El problema de la educación no es que hayan existido muchas leyes, idea que sirve para presionar hacia cualquier pacto, en realidad solo han sido aplicadas dos leyes generales desde la Ley general de educación de 1970 (LOGSE y LOE), sino que avancen decididamente hacia un sistema plural y democrático.

El marco de referencia solo se puede tejer en una escuela pública, gratuita y de calidad que no esté subordinada a generar crecimiento económico como propone la LOMCE, sino que forme personas libres, creativas y capaces de contribuir al bienestar social y que garantice el éxito escolar.

Una escuela en la que el conocimiento y su propia organización debe ser plural, con saberes contextualizados, que tengan sentido y sean revisables, si no seguiremos domesticando a nuestro alumnado en una enseñanza reproductiva, memorística, selectiva y meritocracia, orientada a satisfacer únicamente las expectativas del mundo del trabajo y la economía de mercado.

Este ha sido el planteamiento con el que elaboramos un Documento que sienta las bases para una nueva ley educativa[1]. Para derogar la LOMCE se necesita una nueva ley que sustituya a la anterior y, mientras se elabora la nueva ley, deberían suspenderse aquellas medidas de la LOMCE, de los recortes realizados en educación y de la regulación de la educación universitaria, que contribuyen al aumento del fracaso escolar y a la pérdida de democracia en los centros.

La LOMCE supone una amenaza a la escuela pública y a la educación en nuestro país porque se basa en ideologías en contra de la inclusión, la igualdad y la libertad de pensamiento. La educación no es considerada un derecho universal, como reclama la UNESCO, sino una ventaja competitiva para que personas de clase media y alta consigan una mejor educación.

Es una ley que clasifica y selecciona al alumnado a través de itinerarios, la Fp básica y los PEMAR que son un colector de fracaso escolar. A lo que se añade un modelo de gestión privada de los centros públicos y aumento de la privatización, que individualiza a los centros y los pone a competir, para conseguir los mejores alumnos/as y una mayor financiación.

Una escuela basada en la justicia social debe partir de un modelo de desarrollo económico y social, donde el conocimiento, la ciencia y la educación sean los elementos centrales. Para ello necesita la suficiente financiación para que la educación sea pública gratuita y de calidad y todos los alumnos y alumnas tengan el apoyo necesario en el momento en el que lo necesiten y alcancen el éxito escolar. Esto nos lleva a sustituir el suspenso y los mecanismos de repetición de curso por medidas previas de flexibilización de la enseñanza y atención personalizada desde el principio de la escolarización.

La escuela requiere un currículum común, diversificado, laico e integrador adaptado a las necesidades y retos del s. XXI, con un conocimiento para formar a una ciudadanía crítica de personas conscientes. Todo ello tiene que ver con un currículum flexible con menos intervencionismo por parte de las Administraciones y con una organización diferente del conocimiento, de una forma más global, en la que cobre sentido e interés para el alumnado.

La educación debe regirse por la autonomía real del profesorado, de los centros y de los territorios en la organización de la enseñanza y un modelo democrático que cuente con la participación real de la comunidad escolar: actualizando la composición y funciones del Consejo escolar y abriendo canales de participación al barrio, pueblo, instituciones y ciudadanía.

Finalmente la autonomía pedagógica debe respetar las necesidades del alumnado tanto en los modelos de escolarización dentro de la escuela (tiempos, contenidos y metodología), como en los tiempos fuera de la escuela para que no estén sobrecargados de deberes. El alumnado tiene derecho al descanso, el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad (Derechos del niño, art. 31).

La educación es un valor en sí mismo que debe invitar a la pluralidad y a la diversidad, donde el alumnado no se adapta a la escuela sino que es la escuela la que se adapta al alumnado, porque aprendemos a convivir, aceptamos las diferencias, somos tolerantes y aprendemos saberes que sirven al cuidado de las personas, de la naturaleza y de la vida comunitaria.

[1] https://porotrapoliticaeducativa.org/project-type/documento-de-bases-para-una-nueva-ley-de-educacion-acuerdo-social-y-politico-educativo/