Allá por el siglo XVI y XVII poder estudiar estaba al alcance de muy pocos. La educación era un privilegio de la nobleza y era la iglesia la que se encargaba de la enseñanza.

La ley Moyano, ley de instrucción pública de 1857, llamada también 1ª ley de educación integral y racional en España, se instauró en tiempos de Isabel II para intentar solucionar el grave problema de analfabetismo de todo el país.

Con esta ley se quería garantizar una educación obligatoria hasta los 12 años, siendo un sistema gratuito para quienes no pudieran pagarlo.

Es obvio que por aquella época no había escuelas en todas las poblaciones y no todas las familias podían mandar a sus hijos e hijas a los colegios, siendo imprescindible tener que trabajar para poder salir adelante.

Pasados unos 100 años de esta ley empezaron a promulgarse otras leyes, destacando la ley de instrucción pública de 1939, leyes de enseñanzas medias 1953, ley general de educación 1970 y una con especial trascendencia, la LODE, ley orgánica reguladora del derecho  a la educación que entre otras cosas se establece la entrada de los Centros Concertados. Posteriormente siguieron otras leyes como la LOGSE en 1990, la LOCE en 2002, la Loe en 2006 y por último la LOMCE en 2013 que tantos quebraderos de cabeza está dando a la comunidad educativa.

La LODE que se promulgó en 1985 establece una serie de criterios donde se crean los conciertos o escuela concertada, utilizando como excusa intentar racionalizar las subvenciones que recibían los colegios privados, sobre todo los religiosos.  Otra excusa se basaba en la financiación de la escuela pública, dando por sentado que era necesario crecer por encima de las necesidades presupuestarias, por lo que la concertación tendría un ahorro de costes.

El exministro de educación socialista José María Maravall recuerda, “A los pocos días de entrar en el Ministerio de Educación, recibimos la visita de los obispos, que nos trajeron impresos en un papel sepia muy característico los decretos que teníamos que firmar y publicar en el Boletín Oficial del Estado. Así se gestionaba la educación en España en 1982”.

Han sido nuestros políticos los que han hecho que cada día este tipo de escuela aumente su influencia y despliegue. Las transferencias a las comunidades autónomas han propiciado este tipo de escuela, con independencia de los partidos gobernantes.

Desde entonces y hasta nuestros días, la evolución que ha tenido la escuela concertada ha ido in crescendo, pero tomando criterios totalmente opuestos a los que en realidad deberían haber tomado, convirtiéndose en un tipo de escuela donde se ha venido produciendo la discriminación y  la segregación.

La escuela concertada se ha vendido como la escuela del fomento de la educación integrada, como la que propicia la educación en valores, como la que hace gran diversidad de actividades extraescolares, como la que no tiene ánimo de lucro, como la que hace un mayor seguimiento del alumnado, como la que…. Sin embargo nada dice sobre los niños y niñas que tienen necesidades educativas especiales, nada sobre el alumnado inmigrante, nada sobre la matriculación indiscriminada, nada sobre los pagos obligatorios contrarios a la ley, nada sobre la ideología que inculcan al alumnado, nada sobre un profesorado que es elegido por interés propio, nada sobre la nula participación de las familias en los centros, nada sobre la segregación por sexos.

Se ha permitido que se abran muchos centros privados en zonas estratégicas de las ciudades. Luego se han convertido en concertados y los políticos, amparándose en la libre elección de centros, han vuelto la cara y han hecho caso omiso a la gran reivindicación por la escuela pública.

A la mayoría de la escuela concertada se le acusa de poner trabas a gran parte del alumnado, lo que trae consigo una selección, que aun no estando permitida por ley, provoca que los que debieran estar al tanto miran hacia otro lado.

Muchos centros concertados reciben asignaciones por plazas de alumnado con necesidades educativas especiales (NEE), sin embargo no matriculan a casi ninguno. Hay centros en los que hacen firmar a las familias documentos en los que aceptan que sus hijos no van a recibir ningún tipo de atención especializada. Esto en un colegio público sería inadmisible.

Del mismo modo tampoco suelen admitir inmigrantes porque según ellos eso les deteriora las posibilidades de adquirir un buen nivel educativo.

Además de todo esto, obligan a las familias a pagar una serie de cuotas, establecidas de forma engañosa, haciendo ver que se está pagando por actividades extraescolares, por material escolar, por seguro escolar, atención médica, donación…

La OCU hizo un informe hace aproximadamente un año en el que decía que casi todos los colegios concertados cobran cuotas por la educación obligatoria pese a que, al estar financiados con fondos públicos, no deberían hacerlo. En ciudades como Lleida hay centros donde se pagan 1025 euros/año, en Barcelona y Madrid unos 840 euros/años.

Según la misma OCU un colegio concertado tiene un coste por alumno o alumna de 3.675 euros, un 69 por ciento más que el de un colegio público, que asciende a 2.179 euros.

Analizando todos los datos y viendo los resultados que se van obteniendo con el tiempo, se da por hecho que la educación privada-concertada se está convirtiendo en un negocio en España.

No se invierte en lo que más favorece a nuestra sistema educativo, se hace en lo que más les interesa a las grandes empresas educativas, que rigen cientos de colegios, que presumen que lo hacen por el bien de las familias, pero que lo hacen para poder inculcar sus doctrinas al mismo tiempo que llevarse un gran beneficio económico.

Somos las familias las que debemos apostar por lo público, las que tenemos que luchar por una igualdad dentro de la escuela, las que al fin y al cabo podemos hacer que nuestros gobernantes no hagan lo que quieren sino lo que les exijamos.

Hay una viñeta de humor de FARO/C. DA COL en donde Nelson Mandela decía, “La educación es eso que garantiza que el hijo de un trapero pueda ser médico”. Sin embargo el Ministro Wert decía “La educación española es eso que garantiza que el hijo de un médico pueda ser trapero”.