De nuevo estamos ante un anuncio de la búsqueda del tan deseado, o eso parece, pacto educativo. A estas alturas, después de varios intentos fallidos, el discurso de que necesitamos un pacto educativo y que vamos a buscarlo, está muy manoseado y no es creíble. La Comunidad Educativa, de la que los padres y madres somos una parte muy importante, está cansada de este discurso. Quienes lo hacen ahora, se encargaron de dinamitar los intentos anteriores, incluso aunque estuvieran dispuestos a firmar las medidas que figuraban en los borradores que habían acordado, como le pasó al último intento realizado apenas hace seis años. Unas buenas expectativas electorales, que luego se confirmaron con una mayoría absoluta en las urnas, se cruzaron en un pacto que estuvo muy cerca de ser firmado.

Pero tengamos memoria. En realidad el único pacto educativo que podemos reconocer es el artículo 27 de la Constitución Española, el que aborda todo lo relacionado con la educación en nuestro país y sienta las bases de toda la legislación posterior en materia educativa. En dicho artículo se puede observar cómo los postulados históricos de la derecha de este país -en los que deben incluirse todas las exigencias de una jerarquía de la iglesia católica que de progresista no ha tenido nunca más que un amago de respetar en los primeros años de la Democracia a los denominados curas obreros y otras mínimas cuestiones similares-, se unieron, fusionando ambas cosas, con las demandas también históricas de la izquierda de este país. En realidad tampoco fue un pacto para encontrar un escenario común, sino una fusión de ideas que, ahora lo sabemos bien, nos ha traído más de un disgusto desde entonces.

 

A estas alturas, después de varios intentos fallidos, el discurso de que necesitamos un pacto educativo y que vamos a buscarlo, está muy manoseado y no es creíble.

 

Y, desde ese momento de acuerdo, cuyo logro puso en peligro incluso la propia Constitución Española, de acuerdo poco y de consenso nada. Baste recordar que la política de conciertos que ahora defiende con ardor la derecha de este país, y la Conferencia Episcopal también claro, cosechó de todos ellos grandes manifestaciones en contra. Por contra, quienes vieron en los conciertos una forma de frenar el negocio privado y el adoctrinamiento en la educación, ahora se arrepienten en muchos casos de haberlos propiciado. Sea como fuere, como se suele decir “a lo hecho pecho”, ahora toca arreglar el desaguisado, no enfrascarse en discutir si unos y otros deberían haber hecho otra cosa. En cada momento se toman las decisiones que se pueden según las circunstancias y se acierta más, menos o nada, pero es muy fácil decir lo que se tendría que haber hecho cuando se conocen las consecuencias de lo realizado.

Así que, aquí estamos todos otra vez llamados a intentar un pacto educativo que solucione el tremendo lío que el Gobierno anterior, presidido por la misma persona que ahora lo vuelve hacer, nos ha generado por imponer una contrarreforma educativa que, en lugar de hacernos entrar de una vez en el siglo XXI, nos devuelve a la primera mitad del siglo XX y fuerza a los centros educativos a utilizar un modelo de enseñanza que es arcaico y generador de abandono educativo y fracaso social y escolar, con aulas diseñadas y formas de organización que pertenecen al XIX.

 

¿Es posible el pacto educativo? Para saberlo es necesario saber si están dispuestos y serán capaces de acordar el modelo social en el que todos y todas podremos convivir sin sobresaltos.

 

¿Es posible acordar con quienes nos han impuesto la LOMCE? Pues, sinceramente, en principio parece casi imposible. Sobre todo, lo será si continúan por la senda de no reconocer el poder legislativo que tienen los representantes de nuestra sociedad y en cuestionar que las mayorías parlamentarias, sino aprueban todo a favor del Gobierno, tengan capacidad real de legislar. Con estos mimbres, un pacto educativo parece de nuevo tarea imposible. Solo salva este hecho que, aunque al Gobierno y al partido que lo sustenta no le guste, la mayoría de la sociedad y del Congreso se pueden poner de acuerdo y demostrar, de nuevo cada vez que ocurra, que quienes nos gobiernan están asentados en una minoría social, amplia, pero minoría con seguridad.

Pero, a pesar de lo anterior, ¿es posible el pacto educativo? Para saberlo es necesario saber si están dispuestos y serán capaces de acordar el modelo social en el que todos y todas podremos convivir sin sobresaltos. Porque esa es la cuestión medular. El modelo educativo de la LOMCE, con el que se encuentran muy cómodos la derecha y la jerarquía católica, es el necesario para mantener una sociedad muy injusta y desigual que hace bandera de la exclusión social, ejecutando a la perfección cualquier medida que esté basada en el histórico “tanto tienes tanto vales”. Conscientes de que la sociedad se construye desde las escuelas y que el alumnado de hoy está llamado a liderar esta sociedad en unas pocas décadas, les importa y mucho educar a dicho alumnado desde postulados excluyentes, mediante los cuales se quiere mantener una sociedad en el que las élites puedan perpetuarse en ese escenario sin demasiada oposición.

En esa escuela injusta y excluyente, selectiva y segregadora, deben potenciarse y defenderse una cultura del esfuerzo que debe ser realmente una cultura del sufrimiento, de la que los deberes escolares forman parte principal e imprescindible, y debe también igualmente potenciarse y defenderse una cultura de la evaluación que es realmente una cultura de la exclusión educativa y del castigo por los males que el evaluado no ha provocado en la inmensa mayoría de las ocasiones, porque no fracasa el alumnado sino el sistema, al que deliberadamente no se evalúa nunca.

En una escuela justa e inclusiva, que es la que los padres y madres de forma mayoritaria exigimos e intentamos conseguir, el esfuerzo claro que está presente, pero el esfuerzo puede realizarse sin sufrimiento, porque puede y debe ser compatible con el disfrute por aprender. No existe una sola persona que no quiera aprender, otra cosa es que quiera aprender lo que otros le imponen y como estos se lo imponen. Y la evaluación de lo aprendido puede y debe ser formativa, orientada a poder ayudar al alumnado en su proceso educativo, en lugar de sancionarlo por errar en un momento dado. Desconocen, o mejor dicho quieren obviar, los enemigos de la verdadera educación, que solo es posible aprender del error cometido, del conflicto surgido, del cuestionamiento de lo existente y de la rebelión frente a lo establecido. Sólo siendo proactivos en nuestro aprendizaje podemos realmente aprender.

 

Desconocen, o mejor dicho quieren obviar, los enemigos de la verdadera educación, que solo es posible aprender del error cometido, del conflicto surgido, del cuestionamiento de lo existente y de la rebelión frente a lo establecido.

 

Por eso hemos puesto en marcha una más que exitosa campaña contra los deberes escolares para casa, que tiene aún mucho recorrido por delante. Porque la igualdad de oportunidades y la garantía de la educación para todos y todas sólo se puede asegurar en el centro educativo. Un modelo educativo basado en que la casa sea la prolongación curricular de la escuela, donde los padres y madres puedan, sepan y quieran asumir un papel de segundos docentes, dispuestos a intentar compensar la desigualdad que genera la escuela con esta forma de proceder diariamente, sólo puede estar condenado al fracaso más absoluto con porcentajes muy altos de nuestro alumnado. Dejar una parte medular de la actividad curricular formal diaria en manos de la familia, solo puede poner más dificultades a quienes ya las tienen. Solo puede ayudar al abandono educativo y al fracaso personal, tanto social como escolar.

Y por eso también hemos luchado contra las reválidas, lucha que aún no ha terminado, porque configuran un sistema de expulsión educativa mediante nefastos procesos de evaluación externa a los centros educativos. El ministro cuyo nombre no merece ser repetido y que será recordado un tiempo por ser el valedor de la LOMCE y el generador de entuertos donde ni tan siquiera existían, ya dijo en su momento que desde su óptica la PAU era una mala prueba porque la aprobaba un porcentaje muy alto de alumnos y alumnas. Es decir, que quería pruebas que le cerraran las puerta a un porcentaje mucho mayor. Para eso sirven las reválidas, no para otra cosa. Si alguien quiere que solo llegue a la universidad, por ejemplo, la mitad del alumnado que consiga superar el Bachillerato y quiera continuar estudios en la universidad, es suficiente con tener una reválida configurada para suspender a la mitad, así de fácil y así de sencillo. No busquen otras razones más educativas, no existen.
 

Porque la igualdad de oportunidades y la garantía de la educación para todos y todas sólo se puede asegurar en el centro educativo.

 

Así que LOMCE, deberes escolares y reválidas para nosotros y nosotras forman parte del mismo modelo, de ese que quiere dejar por el camino a la mayoría del alumnado, principalmente al que viene de las clases menos favorecidas socioeconómica y culturalmente.

Pero, ¿y usted que opina?, ¿todo sigue igual o no?