El día 4 de abril, en la ciudad de Zaragoza, tuvo lugar una manifestación a favor de la libertad de elección de centro fomentada por parte de algunos partidos políticos, y de la patronal, el alumnado y las familias de la escuela privada-concertada, ante la noticia de la no renovación de conciertos a 13 aulas de tres años en sus respectivos colegios de la provincia de Zaragoza. Desde FAPAR argumentamos que no existe el derecho absoluto de la elección de centro y que todo debe pasar por la debida planificación que atienda las necesidades educativas.
Y a raíz de este hecho, se pone en evidencia, una vez más, la necesidad de invertir en una educación de calidad para todos con el objetivo de crear una sociedad más justa, igualitaria, equitativa y que termine con las desigualdades sociales. Igualmente se pone en evidencia lo importante que son las políticas educativas que se desarrollen en España, y la importancia que tiene en cada momento la Administración que sea la encargada de ejecutar dichas políticas educativas.
Después de 40 años de democracia, y con constantes alternaciones de color político en nuestras administraciones, con sus correspondientes cambios en los poderes ejecutivo y legislativo, en nuestro país se va generando una huella de inestabilidad educativa, dependiendo por el modelo que apueste el partido político que nos toque en esa ocasión.
Y mientras, nosotros, los administrados y ciudadanos, hablamos muchas veces de la necesidad de que se elabore una ley educativa estable, de la necesidad de un pacto educativo político y social, de que estamos hartos de un cambio tras otro de ley, de que parece que están siempre dando palos de ciego sin encontrar la solución para mejorar esos informes PISA que tanto preocupan a unos y otros partidos políticos, para acabar con el fracaso escolar, para acabar con el abandono temprano, para conseguir el desarrollo optimo de las diferentes capacidades, etc., pero al final, a nosotros, los ciudadanos, parece que solo nos preocupa lo más cercano, lo mío y no el nosotros, no el colectivo.
Y lo importante no es una u otra ley educativa, o si conseguimos llegar a un pacto o no, lo importante es creer y apostar por una escuela que erradique la brecha social existente, con la suficiente financiación para conseguirlo y esa apuesta pasa por un modelo educativo que iguale y no desiguale, por un modelo que ofrezca igualdad de oportunidades para todos nuestros hijos, por un modelo equitativo que establezca recursos para que cada persona obtenga lo que necesita para desarrollar sus destrezas y habilidades, por un modelo educativo que no distinga a nadie, por ninguna condición, ni económica, ni social, ni religiosa, ni de identidad de género, ni de nada.
Y es necesario y urgente que la apuesta la hagan nuestros políticos y es necesario y urgente que nosotros, los administrados y los ciudadanos, creemos que el único modelo que debe y tiene que garantizar una educación de calidad para todos es la ESCUELA PÚBLICA, porque es responsabilidad de las diferentes administraciones, por todas las que pasen, sean del partido político que sean.
Desde la Federación de Aragón, y todos los que defendemos la escuela pública tenemos el deber de transmitir a los ciudadanos que si de verdad creemos y queremos una sociedad que sea cada vez más justa e igualitaria, si de verdad queremos que desaparezca la brecha social entre pobres y ricos, si de verdad queremos que se tenga igualdad de oportunidades, debemos de luchar para que ese trabajo debe comenzar en el seno de la escuela pública, y la educación como derecho fundamental para tod@s no puede estar en manos de empresas privadas que lo utilicen para aumentar esas diferencias. No es un ataque a nadie, ni a ningún colegio, ni a ningún docente, ni a ninguna familia, pero sin duda, seguir fomentando y creando esas diferencias es posible que a la larga entre todos estemos creando unas consecuencias sociales catastróficas, muy difíciles de solucionar.
Presidenta de FAPAR