En una rueda de prensa celebrada en Madrid el pasado 15 de octubre, la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, en la que se integran las organizaciones más representativas de docentes, familias y estudiantes de la enseñanza pública de nuestro país, denunció la autocomplacencia mostrada por el ministro de Educación en el comienzo del nuevo curso. Íñigo Méndez de Vigo olvidó que, durante los últimos cuatro años, el Gobierno del PP había mermado los presupuestos del Ministerio de Educación en más de 3.000 millones de euros, a los que había que añadir los 6.300 millones de euros al año escamoteados a la educación española en el conjunto de todas las comunidades autónomas.
Los recortes han afectado gravemente a la equidad e inclusión de nuestro sistema educativo, aumentando las desigualdades y provocando el alejamiento de la gratuidad de la educación para muchas familias: a unas se las ha privado de becas y ayudas y a otras se les exige su devolución según los resultados académicos obtenidos. De esta forma, el Ministerio eludió la responsabilidad de sus propias políticas, que están encaminadas a la reducción progresiva e imparable de la inversión destinada a garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades. Como consecuencia, un importante número de familias no puede hacer frente a la compra de libros y materiales a las que se les obliga, pago de comedores y transporte escolares, matrículas universitarias, etc. La entrada en vigor de la contrarreforma educativa, a la que se ha opuesto toda la comunidad educativa y los partidos políticos de la oposición, ha agravado aún más esta precaria situación.
Además, la Plataforma criticó las medidas electoralistas anunciadas por el responsable de Educación, con las que estaba vendiendo humo de cara a las próximas elecciones y renunciando a impulsar iniciativas que supusieran una mejora real para la educación pública española. En concreto, se refería a las cuatro medidas estrella del Ministerio, que teóricamente restituirán muchos de los recortes impuestos estos años por el PP. En pleno alarde electoralista, el sustituto de José Ignacio Wert prometió disminuir el número de alumnos/as por aula; cubrir las sustituciones de forma inmediata en casos muy determinados; contratar a más de 13.000 profesionales; elaborar un libro blanco como base de un futuro Estatuto Docente; y revisar las reválidas de ESO y Bachillerato en la próxima legislatura, a sabiendas de que, para entonces, ya no será responsable de Educación.
Lo que Méndez de Vigo no dijo es que la disminución de las ratios de estudiantes por aula no se podría llevar a cabo porque, en la práctica, exigiría aumentar la cifra de docentes en un número muy superior al previsto y no existe voluntad real para ello; las sustituciones se limitarán a casos muy concretos que rondarán el 10 % del total y dejarán fuera los supuestos más habituales, como las bajas del profesorado por enfermedad común; que la oferta de empleo no contemplaba recuperar los puestos de trabajo destruidos en los últimos años, que ascienden a más de 30.000; y que el libro blanco de la Función Docente podría suponer un retroceso significativo en la negociación, puesto que, ya en 2007, se alcanzó un acuerdo con las organizaciones sindicales que no llegó a fraguar.
La Plataforma Estatal por la Escuela Pública defiende que, para recobrar la equidad y la calidad del sistema educativo, es urgente reducir de forma fehaciente el número de estudiantes por aula, disminuir la jornada lectiva del profesorado y atender puntualmente la sustitución de sus bajas. Solo revirtiendo de forma real las medidas que el PP ha impuesto durante esta legislatura y que afectan a estos y otros indicadores, se logrará mejorar la atención al alumnado, clave para impulsar una educación pública de calidad.
Un nuevo modelo educativo
En un intento de impedir la muerte anunciada de la LOMCE, el ministro habló de la necesidad de un pacto escolar. Por su parte, la Plataforma defiende que, para construir un modelo educativo que dote de estabilidad al sistema, es obligatorio derogar dicha Ley y consensuar una alternativa que parta de unos principios de inclusión y no segregación y arrincone medidas que están en las antípodas del progreso educativo, como la inclusión de la asignatura de religión y las evaluaciones externas. Estos exámenes responden a intereses mercantilistas y competitivos de las instituciones que los promueven (OCDE, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional…) y fomentan la marginalidad del alumnado de entornos más desfavorecidos, despreciando la capacidad educativa del profesorado y fomentando la segregación.
Asimismo, es preciso restituir los más de 30.000 puestos docentes perdidos y adaptar las plantillas a las exigencias educativas actuales a través de ofertas públicas de empleo suficientes, asegurando su estabilidad, lo que implica reducir la interinidad injustificada de los contratos y equiparar las condiciones laborales y salariales del profesorado.
La regulación de la profesión docente debe ser el marco para el desarrollo profesional del colectivo de trabajadores y trabajadoras de la enseñanza, entendido como un proceso fundamental en la mejora de la calidad educativa y la dignificación laboral y social del colectivo. El Estatuto Docente tendría que responder a las reivindicaciones del sector a través del relanzamiento de la negociación colectiva del personal, y habría de tener en cuenta la función social de la enseñanza y potenciar el trabajo cooperativo y colaborativo del profesorado.
En el ámbito universitario, la Plataforma recordó que la subida de tasas y la disminución de becas habían expulsado de la universidad a más de 77.000 estudiantes desde el curso 2011/2012 y que el decreto del 3+2, entre otros, dificulta el acceso de las familias con menos recursos a la educación superior, al haber encarecido los estudios. En este sentido, profesorado, familias y estudiantes abogaron por una política coherente y consensuada que rectifique la actual. Transmitieron que es imprescindible rebajar los precios de los estudios oficiales, mejorar sustancialmente las políticas de becas y financiar adecuadamente la universidad pública para reforzar la educación superior y a toda la comunidad universitaria.
En definitiva, reiteraron la necesidad de dar un nuevo sentido al derecho a la educación con el objetivo de, en un marco de participación democrática que recupere el papel de la comunidad educativa, asegurar su gratuidad real, ampliar hasta los 18 años su obligatoriedad y garantizar la formación a lo largo de la vida.
Por último, la Plataforma por la Escuela Pública incidió en que la educación pública debe ser garante de la igualdad de oportunidades y estar abierta a la sociedad y a sus requerimientos y, por tanto, las administraciones deben ser capaces de responder ante situaciones de especial vulnerabilidad, tanto con los refugiados, como con las personas inmigrantes y los ciudadanos que sufren con especial virulencia la crisis, proveyendo a los centros educativos de los medios y recursos adecuados para recibir a menores y sus familias. En una situación de tal complejidad, es necesario impulsar la educación intercultural y contra la discriminación y el racismo.