FAPA Aragón (FAPAR)
El curso escolar ha empezado para las familias aragonesas con la esperanza e ilusión que habíamos perdido, derivadas sobre todo por el cambio de política y talante que el nuevo Departamento de Educación está aplicando, con una clara apuesta por la Escuela Pública. Sin embargo, y en medio de muchas noticias positivas y alentadoras, ha surgido una derivada de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que obliga al Departamento de Educación, que, como medidas cautelares, impone abrir y concertar un centro en la localidad de Cuarte (muy próxima a la ciudad de Zaragoza), contra su decisión, por razones de seguridad, de no autorizar la apertura por irregularidades en la concesión del concierto.
Es difícil resumir lo suce
dido en esta localidad, pero el hecho de que se hayan desoído informes técnicos de inspección contrarios al concierto, que se haya incumplido parte de la normativa que regula los conciertos, que haya discrepancias en la propia intervención y el anterior Departamento (empeñado en esta concertación a la vez que paralizaba la construcción de un centro público en la misma localidad), que la Fiscalía haya admitido a trámite la denuncia por irregularidades en este expediente, que en medio de esto se encuentre una empresa implicada en la trama nacional de corrupción Púnica, que no se haya presupuestado dinero este año para este concierto y que se hipotequen millones en el futuro, hace, cuanto menos, que la ciudadanía en general tengamos razones para desconfiar de un procedimiento que ha concluido en seis meses lo que normalmente se hace en casi dos años. Y en el medio, como rehenes, un grupo de cooperativistas que han puesto un capital nada desdeñable (inicialmente 48.000 euros pero son avalistas de cantidades muy superiores) y de familias (amparándose en el derecho a la libertad de elección de centro, que no es un derecho absoluto y que cuenta también con sentencias desfavorables) en un centro con un futuro cuando menos incierto.