Ante la falta de respuesta de la mayoría de las autoridades educativas, CEAPA aconseja a las familias que decidan libremente si sus hijos e hijas deben someterse a esta evaluación sin tener información suficiente sobre las consecuencias derivadas de su realización.
Mediante esta campaña, CEAPA exigió que el MECD informara sobre las instrucciones dadas a las distintas Consejerías de Educación y a las Direcciones Provinciales de las Ciudades Autónomas, y que éstas trasladaran a los equipos directivos de los centros su obligación de informar en cada Consejo Escolar y a través de los/as tutores/as sobre las medidas que fueran a adoptar respecto de los resultados de dichas pruebas.
CEAPA duda del objetivo real de la realización de las pruebas de 3º de Educación Primaria así como de la publicación de los resultados. El MECD, con el argumento de comprobar el grado de adquisición de competencias, en un escenario de recortes sin precedentes en la educación pública, impone a través de la LOMCE el dudoso objetivo de medir la calidad mediante una prueba común y el oscuro empeño de hacer públicos los resultados.
La LOMCE impone la realización de esta prueba, cuyos resultados podrían servir para tomar decisiones sobre la educación de nuestros hijos e hijas, indicando de una forma poco clara que “de resultar desfavorable esta evaluación, el equipo docente deberá adoptar las medidas ordinarias o extraordinarias más adecuadas.”
CEAPA se opone a que una redacción ambigua en la LOMCE en la que sólo habla de “medidas ordinarias o extraordinarias más adecuadas” pueda suponer la repetición de curso o una nota en el expediente del alumnado que condicione su futuro dentro del sistema educativo.
CEAPA tiene claro que esta prueba no beneficiará en nada a nuestros hijos e hijas, ni a sus centros, y en cambio supondrá una situación de estrés en el normal desarrollo de la vida del centro que dedicará tiempo y metodología en la preparación de los exámenes para mejorar en la posición del ranking, lo que irá en detrimento de su formación integral.
CEAPA se opone a la publicación de estos resultados, como indica la LOMCE, ya que su única finalidad es la de realizar un ranking de centros sin tener en cuenta factores socioeconómicos y socioculturales del contexto, intentando justificar y potenciar la existencia de dos tipos de centros, los públicos y los privados concertados que realizan selección del alumnado, lo que les permite conseguir una buena posición en el ranking, únicamente basada en los resultados de estas pruebas, entrando en una competencia que en nada beneficia al sistema educativo.
CEAPA considera que las Administraciones Educativas disponen de herramientas que permiten abordar programas de mejora, sin exponer a nuestros hijos e hijas a un examen que en nada les beneficia. El impulso de la Inspección educativa, la inversión en formación del profesorado y de las familias, la inversión en dotación de personal, programas de refuerzo que apoyan a las necesidades del alumnado, la disminución de las ratios, la atención y orientación personalizada, los medios para superar desigualdades…. en definitiva, hay muchas herramientas que sí consideramos benefician a la educación de nuestros hijos e hijas, mucho más que la simple, pero también costosa, evaluación a la que se pretende someter al alumnado de 3º de Educación Primaria.
Es necesario señalar que la mayoría de las administraciones no contestaron a las preguntas de CEAPA y de las Federaciones, sobre el uso y las medidas a tomar con el resultado de las pruebas. Y las pocas que lo hicieron no aclararon nada que pudiera tranquilizar a las familias.
Ante esta situación, durante el mes de mayo, en todos los territorios en los que se celebraron las pruebas de tercero, las Federaciones y AMPAs hicieron movilizaciones para presionar a las diferentes administraciones para no obligar al alumnado a realizar unas pruebas a las que se oponen sus tutores legales. Las familias se opusieron mediante dos formas: bien presentando un escrito en el que anunciaban al centro su negativa a realizar las pruebas a sus hijos e hijas o bien no llevando a sus hijos e hijas al centro los días de las pruebas.
El resultado en los diferentes territorios fue dispar, aunque siempre con la insistencia de las diferentes administraciones de la obligatoriedad de la prueba para el alumnado.
En Navarra las pruebas se realizaron el 4 de mayo y a los que no asistieron ese día, se les pasó al día siguiente. En Madrid se realizó la prueba un solo día, el 5 de mayo, a pesar del escrito de las familias. En Aragón las pruebas duraron 3 días, del 5 al 7 de mayo, y desde la federación se fomentó la no asistencia al centro con el justificante de las familias. En Murcia las pruebas se realizaron el 12 y 13 de mayo, a pesar también del escrito de las familias. En Galicia las pruebas se realizaron los días 27 y 28 de mayo, con mucha resistencia de las familias. En Cantabria, las pruebas se realizaron a primeros de junio, independientemente de las decisiones de las familias. En Castilla y León, las pruebas se realizaron el 26 y 27 de mayo (y entre el 28 de mayo y 4 de junio la expresión oral), y el alumnado que no hizo las pruebas, no los podrá realizar en otro momento. Hubo denuncias a familias con mandar a servicios sociales a los domicilios para pedir el justificante medico con el diagnostico. En Castellón las pruebas se realizarán en dos días, y hubo disparidad de criterios, unos la hicieron y los que no fueron, no la realizaron.