Les queremos trasladar nuestra posición sobre el modelo educativo actual y sobre lo que debe hacerse.
- Necesidad de un consenso que esta subcomisión debe alcanzar para lograr un acuerdo sobre el modelo social de convivencia en el que todas y todos nos podamos encontrar integrados, apostando por un modelo de ciudadana y ciudadano futuro que podamos compartir.
- Es imprescindible que configuremos un nuevo modelo en el que el Estado y las Comunidades Autónomas participen de forma solidaria y cohesionada para que todas las partes se sientan vinculadas al mismo, de manera que se cumpla el mandato constitucional que establece que todo el alumnado tenga los mismos derechos con independencia de dónde resida y de cuáles sean sus circunstancias personales y sociales.
- Necesitamos que el derecho a la educación quede garantizado desde lo público y que se elimine de manera inmediata su privatización.
- Necesitamos que la Democracia regrese a toda la escuela y que la cultura del consenso destierre el autoritarismo. La legislación actual ataca frontalmente la participación real de la Comunidad Educativa, en especial la que pertenece por derecho a las familias, y no sólo porque se hayan eliminado competencias a los Consejos Escolares que deben recuperarse, sino porque se ha impuesto una norma claramente antidemocrática, la relacionada con una autoridad docente perversamente entendida, que vulnera los derechos del alumnado al romper el principio democrático básico de presunción de inocencia. La Democracia no sólo debe estar presente en la escuela, sino que debe educarse en ella y con ella.
- Necesitamos que el alumnado sea visto como el sujeto real del derecho a la educación y sea puesto de verdad en el centro de la actividad educativa. El resto de los actores, ya seamos familias, docentes o el resto del personal de los centros educativos, somos actores importantes pero secundarios con respecto al alumnado.
- Necesitamos un modelo educativo realmente inclusivo que, a diferencia del actual, no se conforme ni confunda la inclusión con facilitar la mera escolarización de cada menor. Se trata de entender y asumir que todo el alumnado es diverso y diferente y que la diversidad es un valor en sí mismo para el enriquecimiento tanto individual como colectivo. Parte de los problemas actuales de esta sociedad, vienen dados por no haber logrado un proceso de aprendizaje normalizado con todas las demás personas que nos rodean, ya sean de diferente sexo, raza, origen, ideas o cualquier otra condición personal o social.
- Necesitamos una verdadera educación integral del alumnado que se base en un cambio curricular profundo. Debemos reflexionar sobre la extremada importancia que estamos dando a los contenidos curriculares y no a los aprendizajes que configuran la construcción de la personalidad. El alumnado debe poder configurar su propio camino formativo, optando por el aprendizaje de áreas de conocimiento determinadas que le permitan relegar otras sobre las que tiene menor interés. Abandonemos la actual falsa optatividad que se encuentra supeditada a los recursos que se le dan a los centros educativos. Necesitamos conseguir el éxito de todo el alumnado en lugar de seguir aceptando que el sistema educativo fracase y destroce el futuro de una parte muy importante del mismo. Porque no existe el alumnado que no quiere aprender, que no quiera ser el protagonista de sus aprendizajes.
Necesitamos encontrar varios subpactos dentro del propio pacto.
-Cómo garantizar realmente la compensación de las desigualdades en todo el proceso educativo.
-Los tiempos escolares para que den justa cabida a la educación formal y la no formal.
-Cómo eliminar la sobrecarga actual del currículo.
-La forma de eliminar la delegación de funciones de la escuela hacia las familias por la vía de los deberes escolares.
-El calendario escolar para que en los centros educativos quede resuelto todo lo que el alumnado deba conseguir con relación al currículo.
-Cómo potenciar que los centros educativos proporcionen otras enseñanzas y actividades diversas que les conviertan en espacios públicos abiertos a la ciudadanía mucho más allá del horario lectivo.
-Un cambio en el modelo de comedor escolar, no sólo para mejorar su gestión y la calidad de los alimentos que se consumen en ellos, sino para integrar dicho servicio en el proceso educativo diario.
-Cómo dignificar realmente la Formación Profesional, descartando experiencias que están fracasando y haciendo que deje de ser una vía de segundo nivel.
-La enseñanza de idiomas porque los avances tecnológicos pueden hacerla innecesaria en pocos años, abandonando la obsesión casi enfermiza por el Inglés.
-Cómo se dejan de atacar las lenguas cooficiales de nuestro país por unos y el español por otros.
-La evaluación real del sistema educativo, que no pasa por mantener o parchear la actual pobre cultura de evaluación centrada exclusivamente en el alumnado.
-Cómo nos ponemos a evaluar los procesos más que a las personas, poniendo en marcha círculos de mejora continua.
-El papel de la inspección educativa, abandonando el modelo actual centrado en la burocracia y basado en la desconfianza hacia el profesorado, y su independencia jerárquica de los responsables políticos de turno.
-Cómo potenciar procesos de verdadera innovación mediante una adecuada autonomía pedagógica.
La autonomía de los centros educativos, incluida la universidad, para que no siga en el terreno del descontrol y del establecimiento de barreras selectivas del alumnado.
Necesitamos mejorar de forma urgente la selección, la formación inicial y continua, así como la evaluación del profesorado. También debemos regular las diferentes fórmulas para que se recicle cuando deba hacerse.
Apostamos por un formato de formación inicial en el que la demostración real de saber enseñar quede probada antes de conceder definitivamente la condición de docente. La formación inicial debe ser en sí misma un proceso selectivo.
Cuestión aparte merece la adquisición de la condición de funcionario público, cuyo proceso de oposición deberá reformularse para no estar basado en comprobar lo que el título correspondiente, en teoría, debe garantizar.
La formación continua es imprescindible reformularla. Debe estar orientada a poder ayudar al docente a mejorar su forma de enseñar, a saber gestionar las emociones y el aula, y a darle la oportunidad de reciclarse en una profesión que debe estar en la vanguardia de la sociedad.
La evaluación del profesorado, tanto la que debe ser realizada por terceras personas como la autoevaluación, debe ser obligatoria, justa, coherente y enfocada a la mejora de la función docente, dando las herramientas para poder conseguir dicha mejora.
Necesitamos, por tanto, que el profesorado tenga claro que en la escuela pública es un servidor público, así como que en la privada está al servicio del cliente, y que en ambos casos está al servicio de la sociedad. Por ello, la legislación debe dejar claro que no es posible que tome decisiones que puedan perjudicar a dicha sociedad.
Quienes defendemos la escuela pública, siempre defenderemos la libertad de cátedra. Pero, bajo dicha libertad de cátedra no se puede aceptar que los docentes tomen decisiones en el ámbito familiar. Por ejemplo: no tienen derecho a obligar a las familias a gastar dinero familiar en libros de texto y otros materiales curriculares porque la enseñanza básica debe ser gratuita por mandato constitucional y a quien deben exigirle los recursos materiales es a la Administración pública; y tampoco tienen derecho para invadir el horario familiar mediante los deberes escolares porque, además de suponer una clara delegación de sus funciones hacia la familia, ocupan un tiempo que no les corresponde, como incluso ha sido afirmado por los tribunales de justicia.
Necesitamos un profesorado implicado en la construcción humana que se realiza con la tarea educativa, solo así podrá defenderse la supervivencia de una profesión tan vital para una sociedad democrática y desarrollada.
Quienes argumentan que su misión se debe reducir a la mera instrucción, dando clases magistrales, mandando deberes y haciendo exámenes sin parar, además de renunciar a ser realmente docentes, deben asumir que serán sobrepasados por sistemas automatizados que ya pueden hacer esa función instructora a cualquier hora y con mayor eficacia.
Necesitamos que la gratuidad de la enseñanza pública sea real, aunque mientras que ello no se consiga tengamos una política de becas que de verdad garantice que nadie deje de estudiar por no tener condiciones económicas personales que se lo garanticen.
Necesitamos que los recursos humanos y materiales sean los necesarios para garantizar una educación óptima.
La escuela debe ser el espacio de lo que nos une y no de lo que nos separa como sociedad. De la escuela deben quedar al margen los ataques al que actúa de forma diferente y para lograrlo se debe establecer con claridad el rechazo absoluto a cualquier forma de discriminación, sea cual sea el motivo que se pueda argumentar para realizarla. Se debe educar en la tolerancia y en la convivencia positiva. Los fanatismos deben desaparecer de la escuela y del currículo escolar. En este sentido, las creencias religiosas deben salir también de la escuela pública.
Finalizamos diciendo que debemos asumir que hay cuestiones que no se pueden acordar. Por ejemplo, mientras que unos sectores no aceptaremos nunca que la escuela pública sea subsidiaria de la escuela privada concertada, los representantes de ésta no se sentarán a negociar la desaparición de la misma.
Por tanto, para no fracasar en la búsqueda de un pacto sobre el sistema educativo globalmente considerado, intentemos centrarnos en conseguir un pacto sobre el modelo de educación.
Necesitamos que al legislar se haga una interpretación ética, orientada al bien colectivo, del artículo 27 de la Constitución Española.
Para lograr el pacto, como seremos una de las organizaciones llamadas a su firma, tendremos tiempo de vernos en el momento de darle forma al mismo. Estamos dispuestos a conversar y consensuar, negociar si lo prefieren, sobre todo lo que pueda contener. Somos conscientes de que, sin nuestra firma, el pacto social no será posible.