Las organizaciones que integran la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, entidades de la máxima representación en el ámbito educativo y que forman parte del Consejo Escolar del Estado en su inmensa mayoría, rechazaron el pasado 1 de febrero el denominado “Plan Estratégico de Convivencia Escolar” por considerar que ha ido elaborado de espaldas a la comunidad educativa por un ministerio en funciones que sólo busca un nuevo impacto mediático, basado en un nuevo engaño a la ciudadanía.

Señalaron que un acto en el que se presentaba un Plan que no contara con la participación, ni en su configuración ni en su desarrollo, de la comunidad educativa, en el que se daba la palabra a “expertos” que contarían las supuestas excelencias de dicho Plan a los “invitados”, mientras que éstos serían meras comparsas del espectáculo y que, para que pudieran seguir adecuadamente el evento se les “recomendaba traer impreso el documento del borrador del Plan porque no se podrán repartir fotocopias”. Evento en el que se desplazarían “expertos” desde Barcelona y Valencia pero que no tenía presupuesto para fotocopias para los que deberían ser los actores del Plan y no meros invitados que guardaran silencio y aplaudieran.

Consideraron que este acto era uno más de un cúmulo de despropósitos que duraba ya cuatro años, y que debían acabar cuanto antes, realizado desde un ministerio que, dirigido por dos Ministros con un teórico perfil personal diferente, se había comportado toda la legislatura como una máquina imparable de expresar desprecio a la comunidad educativa, que había impuesto una ley que intenta recuperar un modelo fracasado que pertenece al periodo predemocrático, y que intentaba vender su supuesta preocupación por la convivencia en los centros educativos cuando había legislado contra la misma de forma decidida, tomando decisiones que habían roto dicha convivencia de forma flagrante.

En ese momento, el único anuncio que la Plataforma Estatal por la Escuela Pública quería escuchar era el cambio de responsables en el Ministerio de Educación como consecuencia de la configuración de un nuevo Gobierno de distinto perfil al actual, y el acto al que esperaban ser invitadas las entidades que la integran es aquel en el que se aprobara la derogación de la LOMCE y de toda la legislación educativa igualmente nefasta que se ha puesto en marcha en los últimos cuatro años.