La Plataforma Estatal por la Escuela Pública exigió al Ministerio de Educación que fuera consecuente con la posición mayoritaria de los Gobiernos Autonómicos y paralizara la LOMCE hasta que la derogara el nuevo Gobierno que surgiera de las próximas elecciones generales.
La Plataforma Estatal por la Escuela Pública había reiterado en numerosas ocasiones que la LOMCE es una Ley nefasta que debía ser derogada de forma inmediata. El Gobierno del Estado, apoyado únicamente en su mayoría absoluta, impuso la contrarreforma e intentó ponerla en marcha de forma acelerada para intentar concluir su implantación antes de que otro Gobierno pudiera derogarla, señal inequívoca que actuó deliberadamente en solitario y contra todos los demás.
Desde su aprobación, el Ministerio de Educación, con el señor Wert y su equipo al frente, realizaron todos los pasos necesarios para concluir lo antes posible la implantación de la LOMCE, apoyándose en que la mayoría de los Gobiernos Autonómicos tenían el mismo color político que el Gobierno del Estado y que estos seguirían las instrucciones que diera el Partido Popular, que es el partido que sustentaba todo este enjambre de imposición legislativa.
Sin embargo, las pasadas elecciones autonómicas y municipales modificaron la realidad política y la mayoría de los Gobiernos Autonómicos cambiaron de manos y, con ello, de orientación política. El resultado demostró que la ciudadanía rechazó mayoritariamente las políticas que se habían practicado en los últimos años, los recortes sufridos y la LOMCE.
En este momento, sólo dos de las Comunidades Autónomas que habían aprobado los Decretos de currículo que debían implantarse en el próximo curso escolar, era seguro que lo harían: Madrid y Castilla y León. Incluso esta última lo hizo manteniendo serias discrepancias con la LOMCE.
Ante este panorama, la Plataforma Estatal por la Escuela Pública el 21 de julio volvió a demandar la derogación de la LOMCE y exigió al Ministerio de Educación que paralizara una Ley que nunca debió ser aprobada, paralización que debía extenderse hasta que la misma fuera derogada por el nuevo Gobierno de surja de las urnas en las próximas elecciones generales.