Hablamos de Escuela Pública… ¿Qué entiende su partido por una Escuela Pública?

El derecho a la educación es un derecho social subjetivo y por tanto corresponde a los poderes públicos disponer de una red de titularidad  y gestión pública para hacerlo efectivo.  Reclama, por tanto, de los poderes públicos las acciones positivas necesarias para su efectivo disfrute. Ahora bien, sería escaso señalar que, para nosotros, la simple titularidad y gestión es la que otorga el sentido “público” de la escuela. Consideramos que la educación Pública es el bien público que hace posible este derecho bajo una principios y unos fines públicos sustentados en la CE. 

En este sentido el derecho a la educación y, por tanto el sentido y características de la escuela pública,  no se puede reducir a la igualdad de oportunidades de acceso a la educación, sino que debe llegar a ser el derecho a una equitativa distribución de oportunidades de aprendizaje. Para hacer efectiva esta forma de concebir el derecho a la educación consideramos necesario ordenar el sistema educativo para que cualquier persona pueda disponer de una educación asequible, accesible, adaptada y aceptable. Así pues, la educación pública ya no solo definida como aquella red de titularidad pública sino aquellas que se rige por unos fines y principios públicos.

Desgraciadamente los últimos años, han supuesto el desprecio hacia la escuela pública y la fe ciega en las virtudes de la escuela privada, están provocando una situación insostenible que todavía se agravará más con el principio de demanda previsto en la LOMCE. España es, en este momento, uno de los países con mayor porcentaje de centros privados financiados con fondos públicos. Sin embargo, a determinados sectores sociales, económicos y políticos les parece insuficiente. Estos sectores quieren modificar el principio de subsidiariedad de la enseñanza privada en relación con la pública, para hacernos retroceder al periodo pre-constitucional. Un periodo en el que, como muy bien se recogía en la LODE, el Estado hizo dejación de sus responsabilidades en este ámbito, abandonándolas en manos de particulares o de instituciones privadas, en aras del llamado principio de subsidiariedad. Así hasta tiempos recientes, la educación fue más privilegio de pocos que derecho de todos.

Se trata, sin lugar a dudas, de una reacción desmesurada a los avances logrados en las últimas décadas. Una reacción que nos obliga a reflexionar seriamente y ser mucho más precavidos frente a cualquier propuesta de cambio que pretenda reformar el sistema educativo. Hay cambios y, podemos afirmarlo con rotundidad, que empeoran las condiciones de vida de las personas, así como las condiciones para seguir aprendiendo a lo largo de la vida.

 

Creemos en la obligatoriedad gratuita hasta los 18 años. ¿Cuál es su criterio al respecto?

En nuestro programa electoral definíamos nuestra propuesta de la siguiente manera: “Ampliar el índice de escolarización desde los 0 a los 18 años, facilitando la ampliación de la oferta pública de plazas en todas las enseñanzas, especialmente, en la Educación Infantil y la Formación Profesional. Este proceso de ampliación de la escolarización debe constituir un objetivo compartido por todas las administraciones públicas. Nuestro objetivo es que de forma progresiva y por consenso se extienda la obligación de las administraciones educativas de ofertar plazas hasta los 18 años”

El sistema educativo ha evolucionado positivamente en varios de los indicadores esenciales asociados a la Estrategia Europea 2020, entre otros la escolarización en educación infantil o la tasa de titulación en educación superior, pero también muestra un claro déficit en la proporción de alumnos en la etapa  postobligatoria, específicamente la Formación Profesional.

Hemos avanzado mucho en nuestro sistema educativo y el futuro desarrollo  pasa por aumentar la fronteras de los niveles  en los que debemos extender la cobertura en dos capítulos esenciales: la educación de 0 a 3 años, en el primero ciclo de la educación infantil y el aumento de nuestra tasa de titulación en etapas postobligatorias, especialmente en la Formación Profesional.

Nuestro objetivo es garantizar las plazas en ambas etapas, aumentando así, sustancialmente el nivel formativo en la sociedad.  En consonancia con esta aspiración, nuestra propuesta es garantizar, progresivamente, la escolarización pública de todo el alumnado desde los 0 a los 18 años. Por ello entendemos que en la próxima Legislatura los poderes públicos han de  centrar la atención en la escolarización entre 3 y 18 años e ir ampliando esta escolarización hasta completar el primer ciclo de la Educación Infantil de 0 a 3 años.

Esta universalización supone que los poderes públicos tiene la obligación de impulsar  garantizar una oferta de plazas educativas suficiente de 0 a 18 años. Esta es la mejor estrategia para aumentar el nivel educativo de la sociedad y reducir el abandono  escolar temprano, especialmente en aquellas CCAA que aún no han alcanzado el objetivo establecido en la UE del 15% para el abandono escolar prematuro.

 

Si hablamos de gratuidad… ¿es un objetivo posible? ¿Qué condiciones se deberían de dar?

La gratuidad es una premisa indispensable y evitar los copagos, de manera más o menos encubierta, una prioridad para las Administraciones Educativas. Desde luego evitar cualquier tipo de copago en el ámbito de la educación y escolarización obligatoria, es imprescindible, pero también debemos avanzar hacia modelos de gratuidad en otras etapas, haciendo efectiva la idea de la derecha la educación a lo largo de la vida. En este sentido el PSOE ha realizado recientemente una propuesta de gratuidad de primera matrícula universitaria para todos los alumnos en España que ha trasladado a sus enmiendas en lo Presupuestos Generales del Estado y que ya se encuentra disponible en algunas comunidades autónomas.  También es muy significativo ir logrando la gratuidad d en la primera etapa de educación infantil y en muchos servicios complementarios a la educación.

 

¿Creen en la participación de las familias en la Escuela Pública? ¿Lo consideran necesario?

 La participación no es solo un principio a desarrollar del mandato constitucional y del marco legislativo educativo, sino que es una condición indispensable para el desarrollo educativo: por un lado es una auténtica necesidad para lograr la eficacia en la prestación del servicio público educativo y, lo más importante, para articular la realidad de una auténtica comunidad de aprendizaje organizada entorno al centro pero relacionada con la sociedad, las familias y su entorno. No existe una escuela descontextualizada y es más capaz aquella que puede relacionar mejor sus diferentes agentes mediante la participación y la relación sistemática entre ellos.  Sin participación en todos los niveles, desde el centro al propio estado, es muy difícil construir una política educativa eficaz.  Consideramos indispensable para cualquier ordenación del sistema educativo que aspire a mejorar los resultados actuales, recuperar la participación de la comunidad educativa y fortalecer la gestión pública de los centros educativos promoviendo su desarrollo como comunidades para el aprendizaje y como organizaciones orientadas a la mejora continua.

Una escuela más participada por la comunidad escolar, caracterizada por los valores democráticos y más imbricada a su entorno social, es también una condición necesaria para el éxito y la calidad.  Debemos promover un modelo centro educativo sustentado en los valores democráticos que permiten la convivencia y en la que la autonomía permita mejorar mediante la innovación educativa activa.

La autonomía escolar entendida como una excusa para la competitividad entre centros, alumnos y docentes, es el peor camino para lograr el éxito y avanzar en calidad.  Consideramos que debemos apostar por un modelo de escuela con mayor autonomía, que muestre confianza hacia la propia iniciativa de su comunidad escolar para desarrollar proyectos propios, crear comunidades de innovación educativa y en la que la participación democrática de familias, docentes y estudiantes sea el punto de apoyo del proyecto educativo.

La autonomía escolar no es fruto solo de una ley, sino es un proceso de conformación de una cultura escolar en la que diferentes elementos deben avanzar al tiempo: recuperar el sentido de democrático de los Consejos Escolares, un modelo de dirección y gestión de nuestros Centros sustentado en el liderazgo emanado de la participación y la capacidad de establecer los objetivos compartidos de un centro como comunidad escolar. Esta es la escuela que puede afrontar los retos del futuro, promover convivencia y afrontar retos como la innovación, de la prevención del abandono escolar de forma más eficaz.

 

¿Son conscientes de la necesidad de una formación inicial y continua del profesorado?

Una sociedad que cree en la educación valora y reconoce la labor del profesorado. Este reconocimiento se garantiza mediante la atención prioritaria que las Administraciones educativas han de prestar a la mejora de las condiciones en que el profesorado realiza su trabajo, confiando y reconociendo la complejidad de su labor y contando con él para la toma de decisiones. Al tiempo y relacionado con esta necesidad, deben establecerse los principios que debe regir el modelo selección y de carrera docente, dado que estos procesos son una condición necesaria para lograr mejora en calidad y equidad.

La profesionalización del profesorado es una de las asignaturas pendientes de la democracia española. Resulta urgente una reforma profunda que aplique, de modo sistémico, un modelo global de formación docente donde se incluyan de manera interrelacionada la formación inicial de maestros y profesores, la selección docente, el acceso a la función pública, la formación permanente y la existencia de una carrera docente abierta a todo el profesorado. Los socialistas defendemos hoy la necesidad de una visión completa de la profesión docente que contemple la formación inicial, la formación continua, el acceso y promoción en la carrera docente y su reconocimiento social.

Desgraciadamente consideramos que es un tema crucial pero que se aborda con una clamorosa falta de rigor y seriedad por parte del gobierno y fuerzas políticas que buscan el titular con sus propuestas pero no un verdadero modelo. La  formación del profesorado es algo muy serio que no se puede abordar sin un debate contrastado con los principales afectados, los docentes.

A nuestro juicio para lograr disponer de los mejores profesores es imprescindible una reforma de la formación inicial, del grado y del máster, seleccionar a los mejores futuros profesores, porque la motivación inicial es determinante, como contar con una mejor estructura del prácticum.

En segundo lugar, hay que proceder a una revisión profunda del perfil profesional docente: nuevas competencias del profesorado para tratar con familias, la convivencia, la orientación educativa, con la inclusión, con metodologías activas, procesos de evaluación, incorporación de la digitalización, acercar conocimiento mediante la investigación y la innovación educativa, estrategias de socialización, etc.. Para lo que se necesitan buenos tutores, profesores en activo, del mismo sistema educativo, pero dentro de la formación inicial.

Debemos entender que sin el docente nada es posible, es el punto de apoyo esencial para cualquier cambio, mejora y evolución del sistema educativo.

 

¿Cómo podemos lograr una mayor implicación en la lucha contra la violencia en las aulas?

La escuela publica debe avanzar hacia ser una escuela de convivencia, una escuela democrática, en definitiva, una escuela cívica. Desde luego promoviendo la mediación, los planes de convencida de una manera integral, con formación y recurso necesarios y afrontando desde el realismo que la escuela es espacio de conflicto. También asumiendo una cuestión cada vez más presente y es que los problemas sociales y de convivencia y violencia que se detectan al alza en la sociedad, se reproducen, a veces, con extrema virulencia, en la escuela. Es verdad que la escuela es parte de la solución pero también espacio donde se reproduce. Es por ello que debemos abordar estas cuestiones desde la máxima participación y relación con Admiraciones locales y agentes sociales.  Son necesarios recursos y formación  para la gestión del conflicto, de talleres para la empatía y la comprensión de la diferencia. Peor también es necesario que la escuela, docentes, padres, sociedad, incluso medios de comunicación, contribuyan a promover lores de convivencia  y respeto, pero también de rechazo al que ejerce la violencia.

Además resulta indispensable tener información y ver la evolución, detectar problemas anticiparse y prevenir. Ahora bien la anulación del Observatorio de la convivencia y la nula actividad en materia de prevención y estudios del Gobierno, es un lastre para lograrlo.

 

¿Apoyarían la campaña StopDeberes?

Los socialistas hemos sido pioneros en hacer un propuesta concreta en Programa y en un iniciativa parlamentaria sobre el derecho de los niños a el uso de su tiempo fuera de la escuela y los deberes. En el último año se ha reabierto un viejo debate sobre el uso que deben jugar las tareas extraescolares.   Es un debate complicado desde el punto de vista  competencial puesto que las  tareas en tiempo extraescolar  (o deberes) no están reguladas a nivel estatal, y normalmente, deciden los profesores o los centros.  En España es cierto que sí existe un abuso de los deberes.

En definitiva, nosotros proponemos que es necesario un acuerdo en el seno de la comunidad educativa junto con las Administraciones y centros,  que establezca los límites y el objetivo de las tareas extraescolares o deberes. Tampoco sería beneficioso su plena eliminación sino evitar su abuso y evitar que se conviertan en una fuente adicional de desigualdad. Serán útiles si los deberes sirven para consolidar los conocimientos que se obtienen en el colegio, pero no pueden ser desproporcionados con la edad.

 

¿Cuáles son para ustedes las prioridades que necesita la Escuela Pública? ¿Qué hay que mejorar?

Recuperar los recursos tanto materiales como humanos en el menor tiempo posible, revirtiendo la reducción de la inversión educativa y volver en el menor tiempo posible a los niveles de gasto de 2011.

En segundo lugar es imprescindible aprobar una nueva ley educativa que permita derogar la LOMCE y permita aunar voluntades para un avance sustancial para la educación en España en sintonía con los países más avanzados de la UE.  Somos muy conscientes de las importantes diferencias programáticas entre fuerzas políticas y de las dificultades para ellas de abrir temas de fondo que supongan cambios trascendentes en la educación española, pero siempre hemos creído que la importancia del avance en materia educativa es más fuerte.

EL PSOE quiere la mejor educación para el sistema educativo español, la mejor Escuela Pública.  Si aspiramos a que España se incorpore plenamente a esta realidad, con garantías, es necesario apostar seriamente por la educación. En este sentido nosotros ponemos como elemento central el concepto de ampliar y reforzar el derecho a la educación. Es muy importante que entendamos el coste de oportunidad de no abordar este proceso y de las enormes consecuencias de no estar preparados para el cambio.

Los socialistas creemos que debemos afrontar un nuevo avance en el modelo educativo que nos prepare para los retos del futuro y abordar con garantías de éxito y cohesión social la sociedad del conocimiento.

La escuela pública, entendida ésta como el patrimonio de todos y eje vertebrador del sistema educativo, es un agente importante de integración social, cultural e interterritorial, por lo que hay que garantizar los recursos públicos que necesita.

 

¿Sus propuestas para lograr una Escuela de calidad, equitativa y diversa?

Los socialistas creemos que debemos afrontar un nuevo avance en el modelo educativo que nos prepare para los retos del futuro y abordar con garantías de éxito y cohesión social la sociedad del conocimiento.

• Necesitamos afianzar y reforzar el derecho a la educación y acordar una serie de valores que deben estar asociados a la educación, y ser compartidos por nuestra sociedad. La escuela debe ser el elemento primordial para que las desigualdades de procedencia sean compensadas mediante la acción educativa, el entorno escolar.
• Garantizar una educación inclusiva, atendiendo adecuadamente tanto las necesidades de aquellos que tienen dificultades de aprendizaje como las de aquellos que tienen altas capacidades.
• Debemos aspirar a que nuestros futuros profesores tengan la mejor formación inicial posible, y que los actuales puedan tener la mejor formación continua, la actualización en contenidos, metodologías y novedades que la sociedad ofrece día a día. Es imprescindible y realmente relevante proceder a una revisión profunda tanto del perfil profesional docente, como de los procesos que hasta el momento han venido contribuyendo a nuestra formación inicial, el acceso y la promoción en la carrera docente, y a su reconocimiento social.
• Nuestros niños y niñas deben poder contar con los recursos educativos, materiales curriculares y los servicios complementarios necesarios. Para ello es preciso disponer de una política de becas y ayudas al estudio más justa. Las becas no pueden ser un derecho sujeto a limitación presupuestaria, sino previsibles para las familias y suficientes respecto a sus cuantías.
• La prioridad en el modelo de escuela rural debe ser siempre el alumno, buscando un equilibrio entre su socialización, la cercanía al hogar, la calidad educativa para poder desarrollar todas sus capacidades, la igualdad de oportunidades y la sostenibilidad del sistema.
• Queremos infraestructuras modernas, adecuadas y adaptadas a las necesidades de nuestros tiempos, contar con laboratorios de idiomas, de las áreas experimentales, con ordenadores que funcionen, conectividad, talleres de FP con maquinaria actualizada y suficiencia de fungibles, etc. Incrementar el número de alumnos que titulan en la ESO y reducir la tasa de abandono escolar para que nuestros jóvenes puedan tener una vida plena y más oportunidades en el futuro. Ello requiere realizar una mayor y más atractiva oferta educativa.
• Potenciar y prestigiar la Formación Profesional para que conecte con las necesidades del mercado de trabajo y permita la formación a lo largo de la vida, una FP más ágil, práctica y flexible. La formación profesional tiene que desempeñar un papel estratégico en el desarrollo del nuevo modelo productivo que queremos desarrollar en España, debe ser también fuente de innovación para la creación de empleo y para la reducción del abandono escolar prematuro. Para todo ello se deben crear, al menos 200.000 nuevas plazas de FP en los sectores de mayor desarrollo para el futuro.
• La extensión de la educación infantil de 0-3 años y garantizar una plaza pública a aquellas familias que lo demanden es un desafío que nuestro sistema educativo y sociedad deben abordar también. La escolarización temprana es un paso esencial para el éxito educativo en el futuro.
• Mejorar la comunicación en lenguas extranjeras, introduciendo modelos de currículo integrado y garantizar la adquisición de competencia lingüística en lengua extranjera al final de la educación obligatoria para todo el alumnado.
• La sociedad del conocimiento nos plantea un reto de gran envergadura: la alfabetización múltiple. Es decir, la necesidad de formarse en la interacción con distintas tecnologías para adquirir las competencias necesarias para participar activamente en el desarrollo de un proyecto de vida propia y en una sociedad más justa. Estos procesos de alfabetización múltiple nos obligan a considerar que la capacidad de aprendizaje, la educabilidad, se transforman en una necesidad creciente.
• No todos los alumnos son iguales, no todos los alumnos necesitan lo mismo. Un modelo de diseño curricular mixto, flexible basado en un conjunto de aprendizajes imprescindibles, con una asignación propia a los centros educativos para que no sólo puedan contribuir a su desarrollo sino también a su diseño.
• Los centros educativos deben ser un lugar para el aprendizaje de una cultura democrática basada en el ejercicio de la ciudadanía, tenemos que fortalecer a las comunidades educativas facilitando la participación efectiva de todos sus componentes, su capacidad para cooperar en la realización de un proyecto educativo y su co-responsabilidad en el logro del éxito educativo.
• La escuela pública debe ser laica, como garantía de los valores públicos comunes, pero también debe serlo como elemento de respeto de las diferentes creencias y confesiones religiosas. La religión confesional por tanto se debe impartir fuera del horario escolar.
• La escuela debe integrar en su currículo la enseñanza de los valores cívicos y constitucionales que son considerados la base de nuestra ciudadanía. La convivencia es condición necesaria para el proceso educativo, que conlleva actitudes y comportamientos de respeto y consenso por parte de todos los sectores de la comunidad escolar. La convivencia es un factor de calidad que se debe construir de manera intencional y sistemática por parte de todos los miembros de la comunidad educativa y esto exige medidas que afectan tanto al currículo como a la organización escolar.
• Es necesario establecer un suelo mínimo de inversión educativa fijado en el 5% del PIB, y avanzar hasta posicionar a España entre los países más avanzados en materia educativa de la UE, alcanzando el 6% del PIB destinado a educación.