Hablamos de Escuela Pública… ¿Qué entiende su partido por una Escuela Pública?

Con Escuela Pública nos referimos, en primer lugar, a la red de centros educativos (desde las Escuelas Infantiles a la Universidad) de titularidad y gestión pública. Por tanto, en ningún caso cabe incluir bajo esa denominación a los centros de enseñanza privados que reciben financiación pública, ya sea mediante conciertos educativos u otras fórmulas. La significativa red española de “centros sostenidos con fondos públicos” son una anomalía en el contexto europeo, donde se diferencia claramente entre el servicio público educativo, como garante del derecho a la educación, y la enseñanza privada, como un negocio económico al servicio de intereses particulares.

Entendemos pues que la Escuela Pública es la que ha de garantizar el derecho universal a la educación en igualdad de condiciones; de ahí que deba ser ante todo gratuita, inclusiva, laica, democrática y de calidad, es decir, una escuela de tod@s y para tod@s.

Por eso Izquierda Unida pretende desarrollar una red planificada y suficiente de centros de titularidad y gestión pública, que atienda todas las necesidades educativas, desde los 0 años, en las diferentes etapas y modalidades, y que cuente con todos los recursos y servicios necesarios para asegurar el derecho a la educación, tanto en las enseñanzas de régimen general como en las de régimen especial. En coherencia con ello, planteamos la moratoria y supresión progresiva de los conciertos educativos, mediante la integración voluntaria y negociada de los centros privados-concertados en una red única de centros públicos.

 

Creemos en la obligatoriedad gratuita hasta los 18 años. ¿Cuál es su criterio al respecto?

IU viene defendiendo en sus programas electorales la generalización de la educación hasta los 18 años, diferenciando el período obligatorio de escolarización, que debe durar al menos doce años para la enseñanza básica común (4-16 años), y un tramo posterior, de oferta obligatoria por parte de las Administraciones educativas, hasta los 18 años, que contemple diversas vías formativas, incluyendo alguna que permita simultanear estudio y prácticas laborales retribuidas antes de la incorporación plena a un puesto de trabajo remunerado.

 

Si hablamos de gratuidad… ¿es un objetivo posible? ¿Qué condiciones se deberían de dar?

Es ante todo un objetivo necesario para garantizar el derecho a la educación. La educación tiene que ser pública para que tenga carácter universal, pero también gratuita (desde los cero años hasta la Universidad) para acoger a toda la población “sin distinción de origen, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” (art. 14 de CE). Entendemos además que la gratuidad de la enseñanza básica (reconocida en la propia Constitución) debe incluir los servicios de transporte y comedor escolar, así como la dotación a los centros públicos de los libros, recursos y materiales didácticos de uso libre (licencia creativecommons) que deba utilizar el alumnado y el profesorado.

La condición básica para poder garantizar la gratuidad del servicio público educativo en todas las etapas escolares es contar con financiación suficiente, blindando constitucionalmente la inversión educativa, que debería alcanzar el 7% del PIB, como se ha demandado desde el propio Consejo Escolar del Estado. Todo lo contrario de lo que han venido haciendo los gobiernos centrales y autonómicos en el último decenio, que han aplicado brutales recortes en educación (y resto de servicios públicos), mientras se rescatan bancos y autopistas, se aumentan los gastos militares o no se toman medidas efectivas para erradicar el importante fraude fiscal que existe en nuestro país. En definitiva, destinar los presupuestos públicos al bien común, a las necesidades prioritarias de la población. Vamos, lo que todo el mundo entiende, y que sólo necesita voluntad política para llevarlo a cabo.

 

¿Creen en la participación de las familias en la Escuela Pública? ¿Lo consideran necesario?

No solo necesario sino imprescindible. Como decíamos, la escuela pública que defendemos ha de ser democrática y educar en democracia. Eso implica ejercerla mediante la participación democrática de los distintos sectores que constituyen la comunidad educativa, que por otra parte está recogida en la propia Constitución (art. 27.5), cuando establece que “los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes”.

Por eso reclamamos de las administraciones educativas que impulsen y faciliten la participación efectiva de toda la comunidad educativa en los Consejos escolares de centro, municipales y autonómicos, dotándolos de competencias ejecutivas y no meramente consultivas. Hay que ampliar las competencias de los Consejos escolares, recuperando su carácter de órgano de gobierno de los centros y asegurando una representación equilibrada de los distintos sectores de la comunidad educativa. Y exigimos también que se recupere la elección democrática de la dirección de los centros, que tanto la LOE como sobre todo la LOMCE han eliminado de facto.

Y porque creemos en la autonomía con participación democrática consideramos que las administraciones competentes tienen el deber de promover el asociacionismo y la participación del alumnado y sus familias en la gestión de los centros. A tal fin proponemos que se elabore un Real Decreto de Participación, donde se contemplen, entre otros aspectos, el reconocimiento de los derechos del movimiento asociativo de las AMPAS y las asociaciones de estudiantes, regulando la obligación por parte de las administraciones educativas de financiarlas y apoyar su funcionamiento y participación en el conjunto del sistema educativo.

También apostamos por redefinir la composición y funciones del Consejo Escolar del Estado, como órgano de representación y de participación democrática de la comunidad educativa a nivel estatal. Asimismo, abogamos por la existencia ineludible de Consejos Municipales de Educación en todos los municipios, como órganos de participación y colaboración de los agentes educativos y sociales en la gestión de la educación en su localidad.

 

¿Son conscientes de la necesidad de una formación inicial y continua del profesorado?

Es de sobra conocido que una buena formación inicial y continua del profesorado es un requisito imprescindible para una educación de calidad. Por eso desde IU hemos defendido siempre un cuerpo único de profesorado, con una titulación equivalente de partida, que aporte igual nivel y categoría profesional a todo el profesorado, sea cual sea la etapa educativa en la que desarrollen su función docente. Planteamos pues para todos los futuros docentes de Infantil, Primaria y Secundaria una formación inicial con rango de postgrado, que integre simultáneamente: a) una sólida formación disciplinar, según la etapa y especialidad académica elegida; b) una formación pedagógica y didáctica, acorde con las enseñanzas correspondientes; y c) una formación práctica, tutelada por profesorado con experiencia de la especialidad y etapa correspondiente, que se desarrollará en centros educativos. En nuestra propuesta se contempla también la posibilidad de que, a partir de una titulación universitaria que acredite una determinada formación disciplinar con rango de Grado, se pueda acceder a la docencia, tras superar los correspondientes estudios de postgrado que proporcionen la necesaria capacitación para la función docente.

En cuanto a la formación permanente consideramos que las administraciones educativas han de garantizar una oferta amplia de cursos de actualización científico-didáctica, de calidad y gratuita a todo el personal docente, que se debe realizar preferentemente en los centros educativos, dentro de la jornada laboral del profesorado y a partir de proyectos de mejora propuestos por los propios claustros o por las administraciones educativas. Es más, nos parece tan necesaria que apostamos por que una parte de la formación permanente pueda ser obligatoria y se desarrolle dentro del horario lectivo del profesorado.

La potenciación de la formación permanente supone la reactivación y extensión de centros de formación del profesorado que, al igual que otras instituciones de formación, podrán intervenir para asesorar, hacer el seguimiento y proporcionar las ayudas necesarias a los centros y equipos docentes en el ámbito de sus competencias. En cuanto a los contenidos de esta formación permanente consideramos necesario incidir también en capacitar a los docentes para atender de forma inclusiva la diversidad del alumnado, la igualdad y la prevención de la violencia de género, así como la educación en el respeto por el medio ambiente y los derechos humanos.

 

¿Cómo podemos lograr una mayor implicación en la lucha contra la violencia en las aulas?

La prevención e implicación en la lucha contra la violencia en los centros educativos requiere el compromiso de toda la comunidad educativa y de otros agentes del contexto escolar, a través de planes y programas de convivencia y mediación colaborativa, con el apoyo de la Administración educativa, que generen relaciones positivas entre estudiantes y profesorado en un clima de colaboración. Eso pasa por dotar de medios y recursos, especialmente de personal especializado e incorporación de nuevos perfiles profesionales en la escuela, que apoyen en la tarea educativa: profesionales de educación social y de trabajo social, de mediación intercultural, etc.

 

¿Apoyarían la campaña StopDeberes?

Compartimos la filosofía de la campaña StopDeberes para acabar con la sobrecarga de tareas escolares o “deberes” que, por un lado, dificultan a los niños y niñas tener más tiempo para el juego u otras aficiones personales; y por otro, contribuyen a reproducir desigualdades sociales, dado que las diferencias socioculturales en las familias de procedencia hacen que en muchos casos no puedan supervisar o ayudar en la realización de esas tareas.

No obstante, consideramos que lo más razonable no es tanto la prohibición de los «deberes» como su racionalización, incluyendo un cambio de enfoque más lúdico para el alumnado, que permita aumentar su motivación por el aprendizaje y la cultura. Creemos que no son necesarias tantas horas de trabajo dentro y fuera de la escuela para conseguir una buena educación, sino más bien introducir cambios en el currículo oficial que está sobrecargado, en la metodología docente y en la manera de evaluar. Mucho más que la cantidad de horas de aprendizaje debe preocuparnos su calidad, para evitar que niños y jóvenes se enfrenten a jornadas excesivas, mayores incluso que las de un adulto.

 

¿Cuáles son para ustedes las prioridades que necesita la Escuela Pública? ¿Qué hay que mejorar?

Para conseguir una educación pública de calidad que sea universal, gratuita, laica, inclusiva y democrática nuestras prioridades son:

En primer lugar, contar con una financiación suficiente. Es imprescindible revertir los recortes sufridos con motivo de la crisis-estafa (9.000 millones menos para la educación pública) y blindar constitucionalmente la inversión educativa, destinando el 7% del PIB a la educación de las futuras generaciones, en vez de seguir rescatando bancos y autopistas, para que ningún gobierno pueda recortar ni rebajar a su antojo esa financiación.

Asimismo, hay que buscar el bien común a través del servicio público de educación. Eso significa asumir con todas sus consecuencias que a la Escuela Pública le corresponde el deber de asegurar el derecho universal a la educación en condiciones de igualdad y convivencia democrática, sin discriminación de origen social o cultural, o por razones de creencias, de sexo, de orientación sexual o cualesquiera otras características de índole personal.  Y ello exige cuestionar la doble red (pública y concertada) y avanzar hacia la progresiva supresión de la financiación pública de centros educativos privados.

Y también hay que respetar el derecho a la libertad de conciencia de los niños y niñas, mediante una educación laica que elimine cualquier forma de adoctrinamiento en la escuela. Esto significa sacar toda religión y sus manifestaciones fuera de los centros de enseñanza.

 

¿Sus propuestas para lograr una Escuela de calidad, equitativa y diversa?

Las propuestas más importantes han quedado esbozadas en las respuestas anteriores. A ellas habría que añadir un decálogo de urgencias necesarias actualmente:

1. Escuelas infantiles públicas y gratuitas: Para luchar contra las desigualdades de origen urge contar con una red pública de centros de Educación infantil (no asistenciales) de 0 a 6 años que cubra todas las necesidades actuales de escolarización.
2. Reducción de ratios: La calidad educativa pasa por atender eficazmente a la diversidad del alumnado y ello requiere, entre otras cosas, rebajar su ratio por grupo hasta alcanzar los valores recomendados internacionalmente: 20 estudiantes en Primaria y ESO, y 25 en Bachillerato.
3. Inclusión como principio: Proporcionar recursos para que todo el alumnado cuente con los apoyos necesarios en su proceso de aprendizaje, especialmente a lo largo de toda la enseñanza básica, garantizando una educación integral y común que evite la repetición y la selección temprana mediante itinerarios segregadores. El derecho a la educación, en la enseñanza básica, debe entenderse como derecho de todo el alumnado a aprender con éxito.
4. Metodología: Impulsar la formación del profesorado en metodologías docentes activas y participativas, centradas en el alumnado, que incorporen docencias compartidas en la misma aula, flexibilidad de grupos, que fomente un aprendizaje cooperativo que sea participativo, colaborativo y nunca competitivo.
5. Currículo: Enfocar los contenidos curriculares de forma global e integrada, en términos de resolución de problemas y situaciones sociales, ambientales y éticas relevantes. Desde un enfoque intercultural e inclusivo, sin utilizar el bilingüismo como forma de segregación, y con una perspectiva de género, ecológica y que aprecie la diversidad sexual; que ayuden a comprender el medio en el que se habita para su sostenibilidad y para conformar una ciudadanía informada y crítica.
6. Evaluación: Evaluar para dotar de recursos de cara a mejorar los procesos educativos, atendiendo a las necesidades de cada estudiante. En ningún caso se harán evaluaciones externas sobre el rendimiento del alumnado que conduzcan a la estandarización de los conocimientos, la competitividad entre centros y las clasificaciones.
7. Interinidad: Reducir al mínimo imprescindible la interinidad (8%) y asegurar la estabilidad docente para conformar equipos de trabajo estables en torno a proyectos educativos de centro.
8. Participación democrática: Ley de participación educativa que contemple una representación equitativa y proporcional de todos los sectores de la comunidad educativa.
9. Dirección: Dirección representativa y colegiada, voluntaria y renovable, con una limitación en el desempeño del cargo, elegida democráticamente por la comunidad educativa del propio centro.
10. Escuelas abiertas al entorno: Fomentar la integración de las organizaciones sociales de los barrios en la vida de los centros y apertura de centros fuera del horario escolar al contexto social.