El concepto Escuela PÚBLICA debería ir ligado a la palabra GRATUIDAD. ¿Qué opina su partido sobre esta afirmación?
Estamos totalmente de acuerdo porque la escuela pública es la única que puede y debe garantizar el derecho universal a la educación en condiciones de igualdad y democracia. Por eso mismo es a su vez la que más y mejor contribuye a la equidad y la cohesión social. Y solo una escuela pública gratuita puede hacer efectivo el derecho de todos y todas a la educación sin ningún tipo de discriminación.
El gasto de las familias por cada hijo, en la educación pública, gira en torno a los 400 euros. ¿Cuáles serían las soluciones ideales para que estos gastos no fueran tan elevados? ¿Sus propuestas?
Que la gratuidad de la enseñanza incluya la dotación a los centros públicos de los libros, recursos y materiales didácticos, así como la gratuidad de los servicios de comedor y transporte escolar.
El material escolar no cuesta dinero en determinadas comunidades autónomas. Debería hacerse extensible a todo el territorio español. ¿Su valoración? Estamos totalmente de acuerdo. Como venimos reclamando, la gratuidad de la enseñanza debe incluir la dotación a los centros públicos de los libros, recursos y materiales didácticos que se necesiten para el proceso de enseñanza-aprendizaje en la red pública de todo el Estado.
¿Cuál sería la opción ideal para fomentar la creación de becas y ayudas al estudio?
Las becas y ayudas al estudio deben servir ante todo y sobre todo para que nadie, en ningún caso o circunstancia, se vea privado de ejercer plenamente su derecho a la educación por motivos económicos. Apostamos por un sistema integral de becas y ayudas al estudio, que se otorgarán en todo caso con criterios de concurrencia no competitiva (en función de la necesidad y no de los resultados académicos obtenidos).
Que existan casi 11.000 libros de texto diferentes es una señal de que algo se está haciendo muy mal en la educación y que las grandes beneficiarias son las editoriales. ¿Se está favoreciendo el negocio privado antes que el bien común en Educación?
Totalmente. El mundo editorial ha creado un sistema por el que las familias soportan el peso de la producción editorial. No puede ser que el coste del ejercicio del derecho a la educación sea la base de subsistencia de un conglomerado empresarial. El negocio privado de unas pocas editoriales (un sector dominado por la iglesia y sus editoriales religiosas), cuyos accionistas obtienen suculentos beneficios, se impone a la necesidad de democratizar el acceso al conocimiento y eliminar el coste que supone para las familias y el sistema educativo mantener el beneficio del lobby empresarial del libro de texto. Máxime cuando vivimos en la era de internet y del conocimiento libre (al menos relativamente). La puesta en marcha de una Empresa Editorial Pública responsable de la elaboración y distribución de los materiales abarataría costes y facilitaría la gestión del sistema.
¿En una sociedad tecnológica ¿no se debería buscar el aprovechamiento de las nuevas tecnologías para evitar, en la medida de los posible, los libros de papel: costosos, pesados y arcaicos?
Es escandaloso el negocio de las grandes editoriales que son las que están determinando los contenidos escolares. Desde Izquierda Unida consideramos que la gratuidad de la enseñanza básica debe incluir la dotación a los centros públicos de los documentos, recursos y materiales didácticos de uso libre (licencia creative commons) que deba utilizar el alumnado y el profesorado. De este modo, y con la ayuda de la implantación de software libre de código abierto en el sistema educativo, organizar desde la Administración Educativa una red de recursos digitales públicos, gratuitos y compartidos, que sustituya progresivamente los libros de texto por material digital elaborado por la comunidad educativa. Para ello debe ponerse a disposición de los centros y del profesorado plataformas online con materiales curriculares desarrollados por docentes, para su uso en las aulas, contribuyendo así a eliminar los libros de texto. Y se debería crear igualmente un Instituto de ámbito estatal encargado de potenciar la creación y clasificación de materiales y recursos para uso en las aulas.
¿Para llegar a una Educación Pública y gratuita real cuáles son las estrategias a seguir?
Para hacer efectiva la gratuidad en el ejercicio del derecho a la educación habría que apostar claramente por la escuela pública incrementando la inversión educativa, blindando su suficiencia constitucionalmente, y destinando todos los recursos públicos a la educación pública. Eso pasa por aplicar dos estrategias simultáneas: suprimir progresivamente los conciertos educativos que desangran el erario público destinado a la educación, en primer lugar; y en segundo lugar dejar de destinar los impuestos públicos a rescatar bancos, autopistas y evasores fiscales y destinarlos a la educación pública. Para ello con carácter inmediato se tiene que igualar la inversión pública educativa con la media europea, a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y de las Comunidades Autónomas, y se tiene que aumentar progresivamente hasta alcanzar un 7% del PIB, detrayéndolo en su caso de partidas presupuestarias destinadas a rescates bancarios, gastos militares, rescates de autopistas y grandes empresas, etc. Garantizando de esta forma las inversiones y los recursos necesarios al conjunto del servicio público educativo, desde la Educación Infantil hasta la Superior, en sus diferentes etapas y modalidades, evitando vaivenes y drásticos recortes presupuestarios con pretextos como la crisis, el control del déficit público, etc. La financiación educativa ha de ser suficiente, sostenida y equitativa.
Si decimos: “La financiación a las escuelas privada y concertada debería regirse, primero, por la subsidiaridad frente a la pública, y después, por los valores democráticos propios de un estado laico que defienda la igualdad de derechos entre las personas y la cohesión social” ¿Qué le parece esta declaración?
Que en su momento (años 80 del pasado siglo) pudo tener sentido ese enfoque, pero ahora viene a mantener y consagrar los conciertos educativos como algo consolidado y definitivo, cuando surgieron como una solución provisional y coyuntural para disponer de plazas escolares allí donde la escuela pública no llegaba en una coyuntura determinada. Hoy no tienen ninguna razón de ser en la mayor parte de los casos. Y mucho menos de ‘deber ser’. Lo único que fomentan es la desigualdad educativa, la preferencia de selección particular, propio de una ideología neoliberal que apuntala la competencia entre intereses particulares en vez de garantizar los derechos básicos que tiene la ciudadanía, especialmente en este caso los niños y las niñas: el derecho a una educación común, la mejor educación posible, para todos y todas. La financiación pública debe destinarse exclusivamente a la escuela pública.
Enrique Javier Díez Gutiérrez.
Coordinador Área Federal de Educación de Izquierda Unida