En los primeros días del mes de marzo se celebró en el Congreso de los Diputados el debate de investidura del candidato a presidente Pedro Sánchez, debate en el que se podrían establecer los compromisos del nuevo gobierno recogidos en el “Acuerdo para un Gobierno Reformista y de Progreso”, considerados claramente insuficientes por CEAPA.

CEAPA señaló que las consecuencias de las reformas educativas impuestas por el Partido Popular habían supuesto el mayor retroceso en igualdad y en calidad jamás visto desde la instauración de la democracia. La respuesta social había sido contundente desde los primeros momentos y nunca las calles y los foros se habían llenado tanto con manifestaciones, varias convocatorias de huelga y numerosos debates exigiendo la retirada de estas políticas, pero también reflexionando, sobre el presente y futuro de la educación pública.

La Plataforma Estatal por la Educación Pública se dirigió el pasado mes de enero a todos los grupos parlamentarios pidiéndoles que se concretasen inmediatamente las iniciativas parlamentarias correspondientes para convertir en realidad las demandas enunciadas por la comunidad educativa.

El 1 de marzo exigió, nuevamente, al candidato a Presidente del Gobierno y a todos los grupos parlamentarios que se derogara la LOMCE y las reformas de la LOU, así como sus desarrollos legislativos, especialmente los que iban a entrar en vigor en los próximos meses.

Igualmente exigió un plan plurianual de inversión que permitiera al sistema educativo recuperar la financiación perdida a causa de los recortes en los últimos años y lograr que se mejorara de manera significativa a medio plazo con el objetivo de situarnos en la media de los países de nuestro entorno.

Apremiaba, por tanto, el restablecimiento de la calidad, la equidad y la dignidad de la Educación Pública, que debe ser el eje vertebrador de todas las enseñanzas. Es necesario eliminar cuanto antes las pruebas externas de las revalidas, disminuir las ratios en las aulas, modificar el sistema de precios públicos de las matrículas universitarias y rebajar su cuantía, derogar la normativa básica que establece los procedimientos de admisión a los estudios universitarios y la nueva ordenación de las enseñanzas universitarias (3+2), implementar un sistema de becas y de ayudas justo, mejorar las condiciones laborales del personal que presta sus servicios en el sistema educativo y restituir las decenas de miles de puestos de trabajo perdidos de profesorado, personal de servicios educativos y complementarios y personal de administración y servicios.