La participación de las familias en los centros educativos

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Consejos escolares en Castellón

El artículo 27.7 de La Constitución dice: “Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca”.

Este mandato constitucional vuelve a ser vulnerado una vez más con la entrada en vigor de la LOMCE, porque nuestros gobernantes parecen ignorar que una escuela pública, universal y laica no podrá llegar a ser nunca una realidad si no está impregnada por un sentido democrático en todos y cada uno de sus aspectos. El principio democrático es la base fundamental en la que se sustenta todo el funcionamiento de la escuela pública en sus distintos estratos.

No se concibe una escuela de calidad, sin que ésta sea democrática, y no puede serlo sin la participación de todos los miembros de la comunidad educativa en su gestión a través de un Consejo Escolar con amplias competencias en el control y la gestión del centro.

“Padres y madres entendemos que nuestra participación es un medio para mejorar tanto la calidad educativa como el rendimiento académico de nuestros hijos a hijas, al igual que lo es implicarnos en la toma de decisiones, en promover intereses generales, potenciar la igualdad de oportunidades y fomentar los valores democráticos”.

Padres y madres entendemos que nuestra participación es un medio para mejorar tanto la calidad educativa como el rendimiento académico de nuestros hijos a hijas, al igual que lo es implicarnos en la toma de decisiones, en promover intereses generales, potenciar la igualdad de oportunidades y fomentar los valores democráticos.

Somos los primeros responsables e interesados en la educación de nuestros hijos e hijas y tenemos el derecho de participar activamente en la gestión democrática de los centros escolares y en el diseño de las políticas educativas que afectan a la formación integral de nuestros hijos e hijas en la escuela.

Por ello, la educación en este siglo XXI no puede entenderse sin la participación de las familias y sin una interrelación de mutua colaboración entre profesorado-familias-alumnado. Las administraciones responsables en materia de educación, así como los distintos agentes relacionados con la educación, deben establecer los mecanismos para que esta interrelación, esta participación democrática, sea real y efectiva.

Estos principios que aparentemente son defendidos por toda la comunidad educativa se quedan en intenciones huecas cuando vienen de parte de las administraciones públicas. No tiene el mismo significado la palabra “participación” cuando lo utilizamos las familias o el resto de organismos o colectivos presentes en el ámbito educativo.

Esta realidad se ha puesto de manifiesto, una vez más, en los últimos encuentros de Consejos Escolares del Estado celebrados, donde la mayoría de los participantes y organizadores han confundido participación y colaboración.

Muchas de las experiencias así como los estudios empíricos presentados, hablaban de colaboración, de lo que otros esperan que hagamos las familias en los centros, pero no de preguntarnos a las familias lo que queremos hacer.

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CP Gustavo Adolfo Bécquer Garrapinillos

Cada día nos enfrentamos en los centros educativos al rechazo por parte de los docentes a nuestra intervención en cualquier proceso que no sea una colaboración puntual. A pesar del tiempo trascurrido desde que se democratizaron los centros, las familias seguimos siendo personajes molestos a las que no se les abre las puertas ni a los centros ni a la participación.

“Cada día nos enfrentamos en los centros educativos al rechazo por parte de los docentes a nuestra intervención en cualquier proceso que no sea una colaboración puntual. A pesar del tiempo trascurrido desde que se democratizaron los centros, las familias seguimos siendo personajes molestos a las que no se les abre las puertas ni a los centros ni a la participación”

Para complicar las cosas más, se ha aprobado una ley que deja mermada sustancialmente nuestra capacidad de intervención en el control y gestión de los centros. Aunque en el preámbulo se habla de la importancia de la participación de las familias, en la realidad las familias somos una de las grandes damnificadas por la decisión del Ministerio de otorgar más autonomía a los centros y fortalecer las competencias del director.

Hemos estado luchando siempre por nuestra incorporación efectiva en los centros escolares como un miembro más de la comunidad educativa y el resultado es una ley que nos vuelve a expulsar del sistema, por lo que desde CEAPA, ante la futura ley de educación que realmente merece nuestra sociedad, creemos que ha llegado el momento de que se hagan realidad nuestras reivindicaciones:

  • Potenciar la corresponsabilidad y la coordinación de todos los sectores e instituciones que inciden en el concepto más integral de la educación.
  • Activar la participación de la comunidad educativa, a través de procedimientos democráticos, en la programación, dirección y gestión de los centros educativos.
  • Establecer canales de cooperación eficaces entre el centro y las familias para asumir la educación desde una actitud de auténtica corresponsabilidad.
  • Facilitar a las familias la comunicación con el centro, equipo directivo, profesorado, y, especialmente con las tutorías, teniendo en cuenta los horarios laborales de los padres y madres.
  • Exigir que la asistencia a reuniones de grupo y reuniones con tutores/as sea reconocido como derecho de los padres/madres en sus centros de trabajo (al estilo del certificado que proporciona el médico para justificar la no asistencia al trabajo durante el tiempo de consulta médica).
  • Revitalizar los Consejos Escolares de Centro estableciendo sistemas que garanticen la efectiva participación y corresponsabilidad de todos los sectores de la comunidad educativa.
  • Establecer dentro de los Consejos Escolares Municipales, donde los haya y si no los hay potenciar su creación, mecanismos de coordinación de los centros de titularidad pública de manera que la política educativa municipal esté coordinada y consensuada por los agentes y sectores sociales implicados en las tareas formativas y educadoras.
  • La representación paritaria en los Consejos Escolares.
  • Los programas de apoyo a las familias han de hacerse con la participación real y activa del movimiento de padres y madres y con el apoyo decidido de la Administración.
  • Democratizar de manera real y efectiva todo el sistema educativo, con un impulso a la participación de la comunidad educativa en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos, para que ésta tenga por fin el protagonismo que el artículo 27.7 de la Constitución le asigna.  
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Consejo escolar municipal

Según indican múltiples estudios, la mejora de la calidad de la enseñanza y del rendimiento académico del alumnado está directamente relacionada con la mayor participación de las familias en los centros educativos.

“La mejora de la calidad de la enseñanza y del rendimiento académico del alumnado está directamente relacionada con la mayor participación de las familias en los centros educativos”

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