CEAPA
EL DERECHO A LA EDUCACIÓN
La educación es un derecho básico que se debe garantizar en una escuela pública que atienda la diversidad, de todos, para todos y gestionada por todos.
Las políticas educativas deben basarse en la búsqueda de las formulas necesarias para recuperar la igualdad de oportunidades que hemos perdido y la necesaria defensa y potenciación de la Escuela Pública como verdadera garante del derecho a la educación dentro del marco constitucional. La educación debe sostenerse con fondos públicos, debe ser universal, tener como base fundamentos tales como la igualdad y la equidad, además de ser de calidad y abierta realmente a todos sin discriminación alguna.
Este consenso debe tener como criterio básico la estabilidad del sistema educativo, de forma que los fundamentos científicos y normativos no dependan, siempre, de la coyuntura política del momento.
CEAPA cree en una educación basada en el principio básico del derecho a la educación desde el nacimiento y a lo largo de toda la vida, en una escuela pública totalmente financiada con fondos públicos, laica, plural, científica, humanística, no sexista, gestionada democráticamente, de calidad, relacionada con el entorno, integradora de la diversidad, compensadora de desigualdades de origen y que eduque de forma integral a todo el alumnado teniendo como principales valores la Paz, la Solidaridad, la Tolerancia, la Libertad, la Democracia, el respeto por la naturaleza y el medio ambiente, la igualdad de derechos y de oportunidades, el rechazo a cualquier tipo de violencia y a toda forma de adoctrinamiento ideológico.
«La educación es un derecho básico que se debe garantizar en una escuela pública que atienda la diversidad, de todos, para todos y gestionada por todos»
El sistema educativo debe buscar el éxito de todos y no sólo la excelencia de unos pocos. La equidad no solo debe garantizarse en el acceso al puesto escolar, sino en su continuidad y, para ello, es imprescindible que las enseñanzas básicas y obligatorias sean gratuitas en la red pública. El sistema educativo público debe garantizar no solo el derecho a un puesto escolar sino el derecho al éxito educativo. Este éxito educativo de todos debe pasar por su logro entre todos, lo que implica inexcusablemente la intervención de las familias, que demandamos reconocimiento y cauces para una participación efectiva y real, compatible y complementaria con la participación y el compromiso en el seguimiento de la evolución de nuestros hijos e hijas.
«Las políticas educativas deben basarse en la búsqueda de las formulas necesarias para recuperar la igualdad de oportunidades que hemos perdido y la necesaria defensa y potenciación de la Escuela Pública como verdadera garante del derecho a la educación dentro del marco constitucional. La educación debe sostenerse con fondos públicos, debe ser universal, tener como base fundamentos tales como la igualdad y la equidad, además de ser de calidad y abierta realmente a todos sin discriminación alguna.»
FUNCIONES DE LA EDUCACIÓN
COMPETENCIAS PARA LA VIDA
Lo que más nos preocupa a las familias es que nuestros hijos y nuestras hijas alcancen a lo largo de su etapa educativa las competencias que necesitan para tener una vida plena y digna y para ello el sistema educativo debe garantizar que las adquieran desde tres aspectos fundamentales:
«Lo que más nos preocupa a las familias es que nuestros hijos y nuestras hijas alcancen a lo largo de su etapa educativa las competencias que necesitan para tener una vida plena y digna.»
PRINCIPIOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN
1. El sujeto de la educación es el alumnado
No ha sido hasta recientemente cuando el Estado ha asumido la educación formal de los ciudadanos que antes estaba en manos privadas y al servicio de unos pocos privilegiados.
Actualmente hay intereses políticos, partidistas, sindicales, empresariales, familiares, sociales,… que se anteponen a las necesidades del principal sujeto de la educación que es el alumno o alumna. En nuestro sistema educativo actual gira todo alrededor de otros intereses distintos de los que realmente deberían ser.
Para empezar a hablar de una nueva era educativa, hay que centrar el nuevo sistema educativo en quien es realmente el verdadero sujeto de la educación: EL ALUMNADO. El derecho a la educación debe lograr la educación integral de las personas y dotar al alumnado de las herramientas personales que le permitan lograr conseguir sus expectativas.
En primer lugar, está el alumno o alumna y alrededor de él el resto de elementos que componen el sistema educativo.
2. Escuela pública
“La escuela pública es la única que garantiza una educación de todos y para todos.”
Los poderes públicos han antepuesto siempre los condicionantes económicos a las necesidades de la educación y, como consecuencia de ello, “alquilaron” en un momento de necesidad de financiación una red de educación privada que aunque financiamos con dinero público no tomamos decisiones sobre el tipo de docencia que se imparte en dicha red, ni la gestión de los servicios de comedor, la venta de libros, o los costes que asumen las familias mediante prácticas conocidas pero no atajadas. Lo que sí sabemos es que se está financiando adoctrinamiento con dinero público, se segrega por sexos, se les cede suelo público para construir colegios a los que se les concede el concierto antes de estar en funcionamiento, se obliga a las familias a utilizar los recursos que ofrecen estas empresas privadas, a asociarse a las AMPAs que son controladas por los centros y todo ello disfrazado de “centro sostenido con fondos públicos”.
«La educación obligatoria debe garantizar una oportunidad real de aprendizaje y desarrollo a cualquier alumno y alumna, procurando el éxito escolar de todos, empleando todos los recursos materiales y humanos necesarios para conseguirlo.»
Los conciertos han supuesto una cesión de obligaciones de la Administración a empresas privadas que anteponen sus idearios a los intereses del alumnado al que forman. Esto supone una dejación de funciones de las administraciones que permiten que con dinero de todos se mantengan empresas privadas sobre las que parece que no se tiene el control adecuado.
La disculpa para el mantenimiento de estos centros con criterios de financiación pública es el discurso que se intenta inculcar a la sociedad y a las familias sobre un supuesto derecho a la libertad de elección de centro para sus hijos e hijas. Este discurso está basado únicamente en intereses partidistas de los gobiernos neoliberales que se oponen a que el Estado sea el garante de una mayor justicia social fomentando la privatización de servicios que estaban en manos del sector público, bajo la premisa de que el sector privado es más eficiente, lo que conlleva a la reducción del gasto social, afectando directamente a la calidad de los servicios públicos, a propiciar la libre competencia de las grandes corporaciones y a debilitar y desintegrar el estado del bienestar.
«Tanto en educación como en sanidad el criterio social debe ser el mismo: Centros públicos, próximos al domicilio, con calidad, recursos, atención a la diversidad y con servicios que cubran todas las necesidades de los usuarios.»
CEAPA considera que el derecho a la educación debe ejercerse superando ese “supuesto derecho” de libre elección de centro con criterios de proximidad frente a la zona única de escolarización. Las familias debemos dejar de ser manipuladas por las empresas que se lucran de ese “supuesto derecho” y recordar que tanto en educación como en sanidad el criterio social debe ser el mismo: Centros públicos, próximos al domicilio, con calidad, recursos, atención a la diversidad y con servicios que cubran todas las necesidades de los usuarios.
El derecho a la educación de niños y niñas está garantizado en las etapas obligatorias, en la red de centros públicos que gestionan las distintas consejerías de educación. Es obligación de madres, padres y tutores legales escolarizar a sus hijos e hijas en los centros que ofertan las consejerías de educación autonómicas. Si se renuncia a la red pública y se escolariza en el centro privado que se elija, se asumirán los costes derivados de tal decisión.
3. Escuela gratuita, con financiación suficiente
La educación pública, fi
nanciada con recursos públicos provistos por el Estado, es la única que puede garantizar que el derecho a la educación sea una realidad en cualquier parte del Estado y con independencia del lugar de residencia y de la capacidad económica del alumnado y sus familias.
Pero educar no es lo mismo que escolarizar, y ejercer el derecho a la escolarización no supone únicamente disponer de un puesto escolar ya que no garantiza la equidad del sistema ni la igualdad de oportunidades. La escolarización universal no garantiza la igualdad y una vez que están todos escolarizados en un sistema escolar homogéneo y entendiendo la sociedad como completamente diversa, la escuela debe basarse en dicha diversidad. Por eso, la educación obligatoria debe garantizar una oportunidad real de aprendizaje y desarrollo a cualquier alumno y alumna, procurando el éxito escolar de todos, empleando todos los recursos materiales y humanos necesarios para conseguirlo.
«Para empezar a hablar de una nueva era educativa, hay que centrar el nuevo sistema educativo en quien es realmente el verdadero sujeto de la educación: EL ALUMNADO. El derecho a la educación debe lograr la educación integral de las personas y dotar al alumnado de las herramientas personales que le permitan lograr conseguir sus expectativas.»
Para que la escuela pública cumpla estos principios, debe contar con la financiación suficiente. En este país, la máxima financiación de la escuela pública supuso un 5,1% del PIB, pero en los últimos años ha bajado a mínimos históricos.
4. Escuela compensadora, inclusiva y diversa
La escuela pública garantiza la pluralidad, es compensadora de desigualdades, no es discriminatoria, hace efectiva la igualdad de oportunidades, integra las diferencias del alumnado y asume las peculiaridades características de su entorno (culturales, lingüísticas, geográficas…) reconocidas en la Constitución.
«El nuevo modelo educativo debe de ser inclusivo y no discriminatorio. Este carácter inclusivo debe ser inherente a la educación pública. Sólo se asegura una educación inclusiva, reconociendo la diversidad y la interculturalidad y procurando los medios y recursos adecuados para que los centros educativos puedan garantizar, en condiciones de igualdad de oportunidades a todo el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.»
El nuevo modelo educativo debe de ser inclusivo y no discriminatorio. Este carácter inclusivo debe ser inherente a la educación pública. Sólo se asegura una educación inclusiva, reconociendo la diversidad y la interculturalidad y procurando los medios y recursos adecuados para que los centros educativos puedan garantizar, en condiciones de igualdad de oportunidades a todo el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
«La escuela pública garantiza la pluralidad, es compensadora de desigualdades, no es discriminatoria, hace efectiva la igualdad de oportunidades, integra las diferencias del alumnado y asume las peculiaridades características de su entorno (culturales, lingüísticas, geográficas…) reconocidas en la Constitución.»
5. Escuela abierta a su entorno. Apertura de centros
No podemos concebir 
un modelo educativo del siglo XXI encorsetado en concepciones antiguas sobre la gestión de centros. Los centros escolares públicos están construidos con fondos de todos y por lo tanto deben estar al servicio de la comunidad.
Durante unas horas están destinados a la formación del alumnado en edad escolar y el resto del tiempo deben estar abiertos a las necesidades de todos los colectivos que puedan necesitarlos para el desarrollo de sus actividades.
«Los centros escolares públicos están construidos con fondos de todos y por lo tanto deben estar al servicio de la comunidad. Durante unas horas están destinados a la formación del alumnado en edad escolar y el resto del tiempo deben estar abiertos a las necesidades de todos los colectivos que puedan necesitarlos para el desarrollo de sus actividades.»
Esta apertura será un proceso natural en el que puedan convivir varias realidades al mismo tiempo, teniendo algunas relación con los procesos educativos no reglados y otras con aspectos culturales para toda la población, deportivos, de educación de adultos, con actividades de tiempo libre en horarios vacacionales, festivales, tertulias, formación de familias, apertura de bibliotecas, tertulias literarias, lecturas conjuntas menores/adultos, formación intercultural,…
Esta apertura, no solo la referimos a una apertura física de los centros, sino a una apertura real de los procesos educativos al resto de la comunidad. La escuela no puede ser una realidad aislada de su entorno y debe recibir los flujos del resto de los colectivos y a su vez canalizar las sinergias del centro hacia afuera. Esto supone hacer partícipe a toda la comunidad de sus actividades, ideario, proyecto educativo y a la vez nutrirse de las experiencias de su entorno para que cada centro sea un reflejo colaborativo de su entorno, su cultura, etnia, identidad y realidad.
6. Tiempos escolares
La apertura de centros es fundamental para adaptarnos a este nuevo modelo educativo que propone CEAPA en el que los tiempos escolares se conciban de una forma diferente al concepto antiguo de “calendario escolar”.
La concepción del horario escolar debe actualizarse para hablar de tiempos escolares en los que se engloba no solo el tiempo lectivo sino todo lo relacionado con las necesidades de formación del alumnado.
«La concepción del horario escolar debe actualizarse para hablar de tiempos escolares en los que se engloba no solo el tiempo lectivo sino todo lo relacionado con las necesidades de formación del alumnado.»
Comprimir los horarios supone considerar al alumnado en un receptor al que hay que transmitir diariamente unos contenidos y que pueden administrarse en un tiempo reducido.
El debate de los tiempos escolares debe enfocarse más allá de la elección de la jornada escolar planteada únicamente en el cambio de jornada partida a la jornada contínua, los enfrentamientos que genera y la responsabilidad delegada en las familias para elegir algo que forma parte de un conjunto de medidas que deben ir encaminadas a conseguir el éxito escolar y la formación integral del alumnado en lugar de centrarse básicamente en la formación de contenidos curriculares. Es por todo esto que deben reconducirse los procesos de cambio de jornada escolar en el formato en el que se están llevando a cabo, ya que supone un conflicto innecesario en el que se ignora al alumnado primando las preferencias de los adultos. Tiempos escolares es hablar de trimestres equilibrados excesivamente condicionados a las fiestas religiosas. Tiempos escolares es la necesidad de racionalización de las evaluaciones y exámenes que se concentran en cortos espacios de tiempo, seguidos a menudo por una etapa no lectiva, cargada de deberes.
«Los tiempos escolares no pueden limitarse a un debate simplista destinado a elegir el cambio a la jornada continua o continuar en la jornada partida o a elegir un calendario escolar con la elección de fiestas, sino que se deben decidir cuáles son los tiempos idóneos para cada proceso.»
Tiempos escolares es garantizar que se da el número de clases correspondientes a cada materia, garantizando los contenidos de las clases de guardia. Tiempos escolares es comenzar el curso el día marcado en el calendario oficial y finalizarlo igualmente en la fecha oficial sin dilaciones innecesarias a principio de curso, ni finalizaciones anticipadas hasta 15 días incluso para alumnado con materias suspensas que deja de recibir clase.
Tiempos escolares es hablar de pruebas extraordinarias cuya superación queda supeditada a la capacidad económica familiar para pagar academias o clases particulares en lugar de ofertar clases de apoyo en el centro impartidas por el propio profesorado.
Los tiempos escolares no pueden limitarse a un debate simplista destinado a elegir el cambio a la jornada continua o continuar en la jornada partida o a elegir un calendario escolar con la elección de fiestas, sino que se deben decidir cuáles son los tiempos idóneos para cada proceso.
7. Escuela democrática, participativa y cívica
El artículo 27.5 de la Constitución Española establece que “Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.” y el 27.7 que: “Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.”
CEAPA apuesta por una escuela pública verdaderamente democrática y participativa, gestionada con la intervención real y efectiva de los padres y madres, del alumnado y de las asociaciones de ambos sectores en el control y gestión de los centros públicos.
«CEAPA apuesta por una escuela pública verdaderamente democrática y participativa, gestionada con la intervención real y efectiva de los padres y madres, del alumnado y de las asociaciones de ambos sectores en el control y gestión de los centros públicos.»
La consolidación de una escuela pública en la que los valores democráticos sean incorporados como práctica diaria de relación y del aprendizaje para que ésta pueda vivirse como un espacio de convivencia del conjunto de sus integrantes, donde la actividad educativa forme a las personas para su integración en una sociedad plural como ciudadanos que ejercen sus derechos y deberes, respetando los derechos y libertades fundamentales, los valores de la paz y la solidaridad, todo ello en ejercicio de tolerancia y libertad. Que capacite para el ejercicio de una profesión, el disfrute del ocio, y facilite la inserción social y laboral del alumnado.
La educación es derecho y responsabilidad de todos los ciudadanos que delegamos en el Estado para que éste garantice la Universalidad y gratuidad de la Escuela Pública.
Los órganos colegiado
s no pueden ser estamentales, para que el interés de todos los miembros sea la educación del alumnado por encima de otros intereses. Lo que implica que tiene que existir paridad en la configuración de los mismos.
La comunidad educativa debe participar en los principales aspectos de la vida escolar (elección de equipos directivos, evaluación, currículum, recursos, distribución de tiempos,…), en unos centros abiertos en los que la actividad no se limite a lo puramente académica.
La participación tiene que implicar decisión en los temas importantes, porque si no, provoca desmotivación y abandono.
8. Escuela aconfesional
La Iglesia católica fue la primera que se encargó de la educación reglada en nuestro país y esto trajo como consecuencia que durante siglos los principios religiosos fueran los que impregnaran los diversos modelos educativos y su concepción no científica del mundo condicionara la formación y los conocimientos de las diferentes generaciones. Siglos después, nos encontramos que la iglesia católica sigue condicionando la educación en los centros públicos con currículos propios, profesorado elegido por la iglesia y financiado con dinero de todos. No podemos olvidar que las religiones confesionales que actualmente se imparten en nuestro sistema educativo cuestionan el papel de la mujer en la sociedad, así como los derechos de personas según su orientación sexual, conceptos que están perfectamente recogidos en la declaración de los Derechos Humanos y que no pueden ser cuestionados en los centros educativos.
«En un estado aconfesional, la escuela pública debe ser laica y no estar condicionada por ninguna religión.»
Estamos en un estado aconfesional reconocido por la Constitución y ya es hora de que nos liberemos de viejos fantasmas, temores y miedos con los que nos amenazan las diversas religiones. En los últimos modelos educativos, somos las familias las que decidimos matricular o no a nuestros hijos e hijas en la materia de religión y eso da lugar a incertidumbres. Desde el desconocimiento por parte de muchas familias de la no obligatoriedad de matrícula, hasta el peregrinar en zonas pequeñas de los “catequistas” designados por la jerarquía religiosa correspondiente, para pedirles a las familias que matriculen a sus hijos para no perder el puesto de trabajo. Esta situación es intolerable. En un estado aconfesional, la escuela pública debe ser laica y no estar condicionada por ninguna religión.
9. Escuela de 0 a 18 años
La estructura actual de las materias, la organización de los tiempos y espacios no responde a las necesidades del proceso de aprendizaje del alumnado. Es necesario un cambio que corrija la excesiva compartimentación del conocimiento, que asegure una oferta equilibrada, integral y flexible, consensuada por la comunidad educativa y partiendo de las necesidades e intereses del alumnado. Es importante utilizar metodologías activas y participativas centradas en el alumnado y que respeten los diferentes ritmos de aprendizaje.
«Es necesario un cambio que corrija la excesiva compartimentación del conocimiento, que asegure una oferta equilibrada, integral y flexible, consensuada por la comunidad educativa y partiendo de las necesidades e intereses del alumnado. Es importante utilizar metodologías activas y participativas centradas en el alumnado y que respeten los diferentes ritmos de aprendizaje.»
10. Escuela del siglo XXI
Currículos y métodos didácticos.
El nuevo currículo debe de ser diversificado e integrador para formar a una ciudadanía crítica de sujetos conscientes, para lo que necesitamos incluir saberes que estén contextualizados, tengan sentido y sean revisables, discutibles y que permanezcan sujetos a crítica. El desafío cultural reside en proporcionar una educación integral que reúna y aglutine el conocimiento de las ciencias y de sus aplicaciones tecnológicas, las Humanidades, las Ciencias Sociales, las Artes, sin despreciar los saberes populares y los que componen la vida cotidiana, de forma que sirven al cuidado de las personas, de la naturaleza y de la vida comunitaria… que facilite la deliberación de problemas controvertidos y se comprenda el medio en el que se habita.
«El nuevo currículo debe de ser diversificado e integrador para formar a una ciudadanía crítica de sujetos conscientes, para lo que necesitamos incluir saberes que estén contextualizados, tengan sentido y sean revisables, discutibles y que permanezcan sujetos a crítica.»
El especial respeto del patrimonio cultural de las diferentes Comunidades Autónomas hace necesaria la regulación de su autonomía curricular fijada para los distintos ámbitos: estatal, autonómico y de centro. La protección de las distintas modalidades lingüísticas de España, distinta de la castellana, obligan a reconocer el idioma de cada una de ellas como oficial en su ámbito territorial, conjuntamente con la lengua española, que lo es en el conjunto del Estado.
Formacion del profesorado
