CEAPA recuerda que la LOMCE no invalida los libros de texto deben reutilizarse

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1 Foto noticia 1El pasado 24 de junio, CEAPA celebró las declaraciones realizadas por parte de posibles futuros gobernantes de algunas comunidades autónomas en las que está previsto un cambio en sus respectivos gobiernos autonómicos, anunciando actuaciones dirigidas a paralizar la implantación de la LOMCE en algunos territorios o a minimizar los efectos de su aplicación en otros.

CEAPA recordó que en julio de 2013, todos los partidos de la oposición, excepto UPyD y Foro de Asturias, firmaron un compromiso de derogación de la LOMCE cuando el partido del Gobierno central perdiera la mayoría absoluta, ya que esta ley únicamente fue votada por el partido del Gobierno y en su elaboración no hubo participación de otros partidos políticos ni de la comunidad educativa.

Los cambios en las configuraciones de los gobiernos autonómicos y municipales surgidos tras las elecciones municipales y autonómicas celebradas el pasado 24 de mayo generaron una expectativa social sobre las medidas que pueden adoptarse para frenar la implantación de la LOMCE en base a las competencias que en materia educativa tienen las Comunidades Autónomas.

Para CEAPA fue inaceptable que algunos editores dieran instrucciones a las comunidades autónomas sobre sus competencias en educación llegando a recordarles que “lo único que compete” a las comunidades es desarrollar y completar la normativa básica estatal de obligado cumplimiento y aplicación “dentro de la regulación y límites establecidos por el Gobierno”. Resulta inadmisible una injerencia de este calibre por parte de un sector que únicamente persigue intereses económicos demostrando que son los únicos que salen beneficiados por la imposición de la LOMCE.

La amenaza hecha pública por estos editores que pretendían denunciar a aquéllas administraciones que limitaran sus expectativas de negocio evidencia el despropósito derivado del cambio de libros que se vive curso tras curso en nuestro sistema educativo descatalogando materiales perfectamente válidos mediante el cambio de temas a páginas distintas, lo que acarrea el cambio del ISBN y su teórica imposibilidad legal de reutilización en cursos posteriores.

Llamaba la atención que los editores pretendieran utilizar a la Alta Inspección Educativa para la defensa sus intereses, cuando este órgano debe velar por la gratuidad de la enseñanza.

Las editoriales tenían previsto unos beneficios derivados de la implantación de la LOMCE basados en unas expectativas de negocio propias de la óptica empresarial, pero hay que recordar no existe normativa alguna que obligue al uso de libros de texto ni a su cambio por parte de la Administración ni de los docentes ni por supuesto de las familias que son las que realizan el desembolso para la adquisición de unos materiales totalmente innecesarios ya que los que se utilizan en cursos anteriores son perfectamente válidos.

Esta situación ocasionó graves perjuicios a los bancos de libros gestionados por las AMPAS que fueron creados sin expectativas de negocio y dentro de la lucha por el derecho a recibir una educación gratuita reconocida en nuestra Constitución pero continuamente ignorada por parte de las diferentes administraciones públicas.
CEAPA recordó que los responsables políticos tenían la obligación de velar por los intereses de la ciudadanía tanto en materia económica como en la cobertura de derechos y no podía permitir que los editores dieran instrucciones a las comunidades autónomas sobre sus competencias en educación acusándoles de generar incertidumbre e inseguridad jurídica, a la vez que se autoproclaman parte del sistema educativo equiparándose a las familias alumnado e incluso la Inspección.

CEAPA exigió a los nuevos gobiernos que anunciaron la paralización de la LOMCE en sus territorios que dictaran instrucciones a los centros para que reutilizaran los libros y materiales que se estaban utilizando en el curso que acababa de finalizar para evitar que las familias realizaran un gasto innecesario, injustificado e inmoral y no cedieran a las presiones de negocio de determinados grupos que pretendían que sus pérdidas sean resarcidas con dinero público.

CEAPA recordó que los poderes públicos son los responsables de garantizar una educación gratuita tal como recoge la Constitución, y exigió a las administraciones que respetaran los bancos de libros, fruto del esfuerzo y solidaridad de las familias de los centros públicos y no descartó realizar las actuaciones oportunas para pedir el resarcimiento económico a quien correspondiera en caso de que se obligara a la compra de libros de texto en etapa obligatoria y por lo tanto gratuita.